Bomberos y Ayuntamiento de Camargo, enfrentados por el uso del desfibrilador

Cuando la presencia de aparatos desfibriladores en lugares públicos constituye un reto para los profesionales sanitarios, al ser una herramienta que podría reducir las defunciones por muerte súbita a la mitad, en el municipio de Camargo esta herramienta es fuente de enfrentamiento entre los bomberos y el equipo de Gobierno.

Los bomberos municipales quieren que el Ayuntamiento reponga los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) que llevaban en los vehículos de emergencias hasta que en octubre del año pasado "fueron retirados por el concejal de Protección Civil, Ángel Gutiérrez Mazuelas, junto a los botiquines y otro material sanitario", denuncian. Sin embargo, el edil aludido sostiene que el auxilio médico y el uso de los desfibriladores es responsabilidad del personal sanitario, y que ningún parque de bomberos, ni en Santander ni en Torrelavega, que son sus "referentes", disponen de esos aparatos, que además no son obligatorios ni en la normativa autonómica ni en la nacional.

La polémica se ha recrudecido a raíz del fallecimiento de un joven en los márgenes de la Ría del Carmen, el pasado 10 de marzo. Los primeros equipos en llegar fueron los bomberos de Camargo y en el parte de intervención llegan a reflejar que "si llegamos a disponer de desfibrilador en el vehículo" el desenlace pudiera haber sido "muy diferente".

El jefe del Servicio de Extinción de Incendios aprovechó este incidente para reclamar por escrito al concejal de Protección Civil "la necesidad de seguir portando los DESA en los vehículos", aparatos que, junto a equipos sanitarios de primera intervención, han llevado desde 2007 hasta que fueron retirados el pasado mes de octubre. El responsable subrayaba que el personal del parque está "titulado y capacitado para su uso", cuestión que no es baladí ya que en Cantabria desde 2009 está prohibido el uso de estas herramientas sin haber realizado un curso de formación de unas diez horas.

Gutiérrez Mazuela considera "temerario" y "una bajeza" que se "utilice" el fallecimiento del menor para reivindicar los desfibriladores. Según explica, la Agrupación de Bomberos Voluntarios disponía de un DESA en cada vehículo y de un desfibrilador profesional, que costó 37.000 euros, además de lanchas motoras para rescate en el mar, material sanitario y medicamentos, así como elementos para el rescate en montaña.

Pero forzado por distintas resoluciones judiciales, el equipo de gobierno se vio obligado a incorporar a los bomberos voluntarios a su plantilla, a cerrar el parque de voluntarios y a poner en marcha un servicio profesional de extinción de incendios de gestión directa y titularidad municipal. En febrero de 2016 el Pleno municipal aprobó la constitución del parque profesional, aunque no comenzó a funcionar hasta el pasado mes de noviembre una vez incorporados como personal laboral 14 bomberos voluntarios.

Sólo tareas de extinción

La creación del parque obligó al Ayuntamiento a realizar una evaluación del nuevo personal y de todos los equipos, y entonces "se decidió" que los bomberos realizasen únicamente tareas de extinción, "porque no podemos abarcar todo". Esto motivó la retirada del material sanitario de los vehículos, incluidos los desfibriladores, así como de los medios de salvamento y rescate, que permanecen arrumbados en una nave.

El responsable de prevención de Riesgos Laborales municipal, Santiago Mancebo, aconseja la "especialización" de los profesionales y critica que "un voluntario, que no tiene información sanitaria específica y que ha llegado a ser bombero por una sentencia, diga que el menor se hubiera salvado con un DESA". En este sentido, explica que ante la insistencia de la reposición de estos aparatos en los vehículos, el Ayuntamiento pidió al jefe de servicio que motivara esa necesidad, "cosa que no ha hecho".