Antiguos miembros de Protección Civil reclaman a Camargo un millón de euros

El Ayuntamiento de Camargo aguarda un nuevo frente judicial vinculado a su joven Servicio de Extinción de Incendios. En este caso, el Consistorio espera «una cascada» de demandas en los tribunales por reclamaciones salariales de los 17 voluntarios de la extinta Agrupación de Protección Civil a los que la Inspección de Trabajo, primero, y la Justicia, después, reconocieron una relación laboral con la Casona. De hecho, 14 de ellos están adscritos actualmente al Parque de Bomberos situado en Trascueto (Revilla) como personal laboral indefinido pero no fijo. La cuantía de estas reclamaciones supera el millón de euros.

El motivo de los recursos no es otro que los emolumentos que los reclamantes entienden que debían de haber percibido mientras realizaban labores como integrantes de Protección Civil y hasta que firmaron su contrato el verano pasado para incorporarse a la plantilla municipal tras el cierre del Parque en enero de 2016. Se da la circunstancia de que en las reclamaciones también se incluyen solicitudes salariales por el tiempo en que el complejo permaneció inactivo después de que el equipo de gobierno PSOE-PRC optase por extinguir la Agrupación ante los problemas generados por el pago periódico de dietas por encima de lo que se le supone a un trabajo altruista.

De hecho, el Ayuntamiento rechazó en febrero a través de una Resolución de Alcaldía 17 solicitudes por presuntos estipendios sin cobrar de los voluntarios que sumaban 1.064.754 euros.

El Consistorio desoyó las alegaciones de los interesados por diversos conceptos. En primer término, porque adujo que las peticiones incluían periodos que ya estaban prescritos, pues en muchos de los casos se exigía el abono de los últimos cuatro ejercicios. En segundo lugar, la Casona repuso que dichas reclamaciones de cantidades se calculaban en base a los importes fijados en el Pleno de junio de 2016 para el nuevo Servicio de Extinción de Incendios, lo que «supone extrapolar a una situación anterior la valoración de un puesto de trabajo realizada en una fecha posterior». En paralelo, los montantes en algunos casos no se correspondían con la dedicación de los voluntarios, pues no todos tenían un compromiso fijo sino en un porcentaje determinado de la jornada. Como complemento, se recordaba que las solicitudes entre enero y julio de 2016 no caben, a juicio municipal, pues los interesados no prestaron servicios.

En la Resolución de Alcaldía también se rechazaban algunas reclamaciones al tener los demandantes otro trabajo durante el tiempo que pretenden cobrar del erario camargués. El Juzgado de lo Social nº 3 de Santander ya desestimó en marzo la primera demanda de uno de los interesados y que presentaba incompatibilidades. En el pleito, por el que el voluntario solicitaba casi 93.000 euros, los tribunales resuelven que no tiene derecho a esa cantidad, pues ya trabajaba como funcionario interino en otro área del Consistorio, por lo que no podría percibir un sueldo como personal laboral y otro como funcionario interino.