Camargo acusa a una "minoría" de bomberos de boicotear el servicio

La reposición de los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en los vehículos de emergencias de los bomberos, que fueron retirados en octubre del año pasado, ha sido el último episodio de una polémica que, un día sí otro también, mantiene un grupo de bomberos con el Ayuntamiento.

El concejal de Protección Civil, Ángel Gutiérrez, asegura que se trata de una "minoría", tres sobre una plantilla de 14 miembros, que "movida por intereses personales y partidistas trata de echar por tierra y boicotear el trabajo" que se realiza en el Servicio de Extinción de Incendios.

Sus palabras son avaladas por la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento, que sostiene que los bomberos están para "extinguir incendios y rescatar personas en todo tipo de siniestros", mientras que el tratamiento sanitario específico de los rescatados "corresponderá al personal sanitario especializado". El sindicato mantiene que una mayoría aplastante de bomberos de este parque, 11 de los 14 miembros, defiende que la utilización de los aparatos desfibriladores no es su responsabilidad y tampoco reúnen la formación requerida para ello. En este sentido, señalan que desde que son bomberos profesionales, "el Ayuntamiento de Camargo en ningún momento ni ha formado ni ha exigido preparación alguna" a los bomberos para el uso de estas herramientas sanitarias. La normativa exige la realización de un curso formativo sobre cómo hacer uso de ellos.

La sección sindical, que manifiesta su sintonía con el Ayuntamiento en este ámbito, cuestiona sin embargo que se hayan filtrado "expedientes de régimen interno", a cuya custodia están "obligados" los empleados municipales. Alude el sindicato al parte de intervención redactado por los bomberos a raíz del fallecimiento de un joven en los márgenes de la Ría del Carmen el pasado 10 de marzo, en el que hacían constar que "si llegamos a disponer de desfibrilador en el vehículos" el desenlace hubiera sido "muy diferente". El jefe del Servicio de Extinción de Incendios aprovechó este incidente para reclamar por escrito al concejal de Protección Civil "la necesidad de seguir portando los DESA en los vehículos", aparatos que, junto a equipos sanitarios de primera intervención, han llevado desde 2007 hasta que fueron retirados el pasado mes de octubre, cuando se cerró la Agrupación de Bomberos Voluntarios y se creó uno nuevo profesional. El responsable subrayaba que el personal del parque está "titulado y capacitado para su uso", cuestión que no es baladí ya que en Cantabria desde 2009 está prohibido el uso de estas herramientas sin haber realizado un curso de formación de unas diez horas.

"Vileza supina"

UGT califica de "vileza supina" el "uso de una muerte accidental de un menor de forma interesada". El edil de Protección Civil cree también que "utilizar el triste fallecimiento de un niño para atacar la gestión municipal" demuestra "el nivel de bajeza humana al que han descendido estas personas". A su juicio, la postura de UGT refrenda que "es una minoría la que está tratando de dinamitar el trabajo que se está llevando a cabo y que además perjudica la excelente labor que desempeña la gran mayoría de los bomberos".

El responsable de Protección Civil cita en concreto que hace "más de cuatro meses" que requirió el jefe del Servicio de Extinción de Incendios que motivara por escrito las razones por las que consideraba necesario contar con equipos desfibriladores y de rescate acuático y que "aún no ha obtenido respuesta", por lo que le ha requerido de nuevo para que emita "con urgencia" el informe motivado sobre la necesidad legal de estos aparatos. Y es que no existe ninguna normativa que oblige a instalar estos equipos de cardioprotección en los vehículos de bomberos ni policiales.

El equipo de gobierno también reclamó al jefe del servicio un inventario sobre los medios humanos y materiales de los que dispone el SEIC, pero todavía no lo ha hecho a pesar de que "recae sobre su responsabilidad", según denuncia el concejal. Gutiérrez vincula "el ataque constante al que se está viendo sometido el Ayuntamiento" con el enfrentamiento judicial que mantienen los bomberos díscolos. Sostiene el concejal que "esa minoría" ha promovido más de 20 procesos judiciales contra la administración municipal, que han generado unos gastos para las arcas municipales que cifra en 35.000 euros.