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En la madrugada del sábado 24 de octubre al domingo 25, se producirá un nuevo cambio de hora en España y tocará ajustar minuteros, retrasar relojes y disfrutar de una hora más de sueño. A las tres de la madrugada serán de nuevo las dos y, con este cambio, el horario de invierno regirá de nuevo nuestras vidas Los madrugones serán menos oscuros; en contrapartida, la noche caerá sobre nosotros con mayor prontitud.
El último fin de semana de octubre es siempre el elegido para regular esta cuestión, que siempre cuenta con detractores y adeptos, generalemente en función de los hábitos particulares pero también con una base científica. La cuestión, a nivel individual, es elegir preferencias: despertarse de día o salir del trabajo de noche, por poner un ejemplo.
Más allá de los propios gustos, el motivo oficial para el cambio de hora es el ahorro energético. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) cifraba en un estudio de 2015 en un 5% la rebaja, que en términos económicos materializaba en 300 millones de euros menos de gasto. El asunto está regulado por la directiva comunitaria 2000/84/CE, por lo que los países de la Unión Europea no pueden decidir unilateralmente si cambian o no la hora pero sí en qué huso horario situarse.
El 'cambio de hora' se inició durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar carbón aunque no fue hasta 1974 cuando empezó a generalizarse. A raíz de la primera crisis del petróleo, algunos países, entre los que se encontraba España, decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y gastar menos electricidad en iluminación. Desde 1981 el cambio de hora se aplica como directiva y cada cuatro años se renueva sucesivamente. Desde la aprobación de la Novena Directiva, por el Parlamento Europeo y Consejo de la Unión, en enero de 2001, este cambio se aplica con carácter indefinido, por considerar que contribuye al buen funcionamiento de alguno sectores como los transportes y las comunicaciones, y a otras ramas de la industria que requieren una programación estable a largo plazo. La Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo.
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