135.000 cántabros emigrados equiparan sus derechos a los residentes en la región

Desde la Consejería de Presidencia avisan de un cambio en la tendencia migratoria avalado por cifras. Rafael de la Sierra, consejero de Presidencia y uno de los artífices de la nueva ley que pretende cambiar esta dinámica, afirma que «en los últimos años, ha habido un descenso de cántabros residiendo fuera de la región». En concreto, 7.000 menos. En este momento, según datos facilitados por el Gobierno regional, hay 135.000 cántabros residiendo fuera de la comunidad: 93.000 de ellos en otras provincias de España y 42.000 repartidos por el extranjero.

La crisis empujó el éxodo, pero a estas alturas de la actualidad demográfica, desde el Ejecutivo ya se habla de la figura del cántabro retornado con la esperanza de lograr que cada vez más puedan volver. Lo hacen a través de la nueva ley de Casas de Cantabria, aprobada el pasado lunes en el Parlamento regional, y que autoriza al Gobierno de Cantabria a impulsar iniciativas para facilitar el retorno de los cántabros en el exterior mediante su acceso a las ayudas autonómicas. El objetivo es reforzar su integración social y laboral en la comunidad autónoma. ¿Cómo lograrlo? «Por ejemplo, con ayudas para la adquisición de vivienda pública o ayudas al empleo, ya que a efectos legales, los cántabros emigrados tendrán la misma consideración que un residente en Cantabria».

Esto, hasta ahora, no sucedía, según De la Sierra: «Una persona no se podía acoger a ciertas subvenciones, ya que algunos requisitos eran haber vivido tres o cinco años en la región para tener acceso a determinado tipo de ayuda». Para ello, se creará un nuevo censo en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, con el número actual de cántabros en cada país o región donde residan para actualizar los beneficiarios reales.

Desde el lugar de procedencia también se ayudará para fomentar el retorno. La reforma legal permitirá a las Casas de Cantabria acceder a las ayudas de otras consejerías del Ejecutivo para facilitar el cumplimiento de sus fines, en igualdad de condiciones que las entidades domiciliadas en la región, algo que antes no podían por estar domiciliadas fuera de Cantabria. La ley también regula la prestación de asesoramiento a quienes decidan volver sobre los derechos generados en el país en el que han estado y trabajado como emigrantes.

Los beneficiarios de esta ley son cántabros en el exterior. Sus hijos sólo serán beneficiarios si tienen la doble nacionalidad, es decir, si están inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) tienen todos los derechos. «El futuro reglamento habrá de definir cuáles son esas políticas y deberá establecer el sistema necesario para apoyar el retorno, entre las que se podrían encontrar medidas de acceso a la vivienda, la formación para el empleo y autoempleo, el apoyo cultural y de asesoramiento».

La ley, además, no sólo facilita el despegue, sino que también pone la rampa, y ahí es donde entra en juego la red tejida por las Casas de Cantabria. En la actualidad hay 30 operativas en todo el mundo, con más de 6.500 socios. Ellas serán las que vertebren las ayudas y el asesoramiento en colaboración con el Ejecutivo, un papel de representación y gestión fundamental que las convierte en una suerte de embajadores de una bandera que los representa con independencia de su origen.

Esto se debe a que las Casas admiten cántabros de nacimiento, hijos de cántabros, pero también a todos aquellos que no siendo de la comunidad autónoma sienten especial interés por la región. Así es, por ejemplo, el caso de Reynaldo Rojas, natural de Cuba y presidente de la institución desde hace 45 años. «Siento mucho apego y cariño por Cantabria», dice, y su máxima preocupación es qué va a pasar con el legado. «He luchado muy fuerte, pero los cántabros naturales que quedan no pueden hacerse cargo de la Casa», advierte. Lo mismo sucede en la Casa de Cantabria de Buenos Aires. Son cerca de 500 socios de los cuales sólo un centenar «son oriundos o hijos», explica desde Argentina Francisco Miguel Figueroa. «Un tema que nos interesa es dejar atados los bienes de la institución de cara al futuro a la autorización del ente que rige la comunidad, dado que no existe emigración cántabra y los que quedamos estamos ya muy viejos», subraya.

El futuro de las Casas, así como la implementación de la normativa, serán algunos de los asuntos que se tratarán en la próxima reunión de Casas de Cantabria que se celebrará el próximo mes de agosto. «Nosotros no iremos», confirma Rojas, no podemos pagar el pasaje en euros, al cambio son demasiados pesos cubanos. En la última reunión de 2016, celebrada en Santander también en agosto, sí que acudió. «Saqué todos mis ahorros y compré un pasaje». El Gobierno está trabajando en un posible apoyo económico a las Casas para financiar sus estancias. Por el momento, hará «todo lo posible» para que el desarrollo normativo sea en seis meses, pero aún no tienen definido el desarrollo económico para ejecutar todas las medidas propuestas. «La implementación de la ley traerá costes que aún están por determinar y dependerá en gran parte de la demanda y las necesidades que se vayan planteando».

En este momento, todas las Casas reciben una subvención nominativa que oscila entre los 3.400 y 11.000 euros anuales, a excepción de Madrid que tiene una asignación por convenio de 30.000 euros. Este tipo de subvenciones no tienen finalidad determinada y las Casas deben justificar al Gobierno todos los gastos relativos a la misma. La partida total asciende a casi 131.000 euros. Ejecutivo convocó el pasado año una subvención para las inversiones en las Casas de Cantabria, dotada con 100.000 euros para la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de los inmuebles destinados a las sedes e instalaciones sociales.

Cántabros por el mundo

Alemania 1.885

Francia 3.064

Reino Unido 1.438

Chile 1.439

Estados Unidos 2.475

Venezuela1.728

Filipinas216

Australia 572

Uruguay 824

China 48

Colombia 356

Guatemala 804

Qatar25

Japón27

Marruecos 30