Las 13.954 multas puestas en la región durante el primer estado de alarma, en el limbo jurídico

El razonamiento se basa en que el TC considera que la decisión supuso una suspensión de los derechos fundamentales y no una simple limitación de los mismos, como sostuvo el Ejecutivo central en la argumentación jurídica del decreto, aunque todavía falta por conocer el contenido para determinar el alcance y las consecuencias de este fallo histórico. Porque el Constitucional abre la puerta a la anulación de muchas de las 1,2 millones de sanciones impuestas durante los 98 días que duró aquella normativa, desde luego las que no son firmes todavía.

Las multas iban desde los 601 euros hasta los 30.000 en casos graves, aunque los sancionados se pueden beneficiar de una reducción del 50% con el llamado pronto pago si renuncian a los recursos administrativos (todos los millones de euros recaudados irán a las arcas del Estado). Y una parte de ellas corresponde a Cantabria. Concretamente, la cifra que dio a conocer la Delegación del Gobierno es 13.954, por un valor de alrededor de nueve millones de euros.

Según los datos facilitados el pasado mes de mayo por el departamento que dirige la socialista Ainoa Quiñones, se han tramitado ya un total de 9.143 actas de denuncia interpuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y policías nacional y locales). Se trata del 65,5% del total de las propuestas de sanción interpuestas en la región en ese periodo.

De las ya tramitadas, 3.436 se han resuelto con sanción -se desconoce si se han pagado-, 661 están aún en proceso de instrucción y 395 han sido archivadas, mientras que otras 3.039 no han prosperado tras ser analizadas por el instructor.

Cantabria estaba por encima de la media nacional de tramitaciones, que se sitúa en el 50,1%, con 481.969 actas de denuncia, la mitad de los 960.580 expedientes derivados del incumplimiento de las limitaciones de circulación en quince comunidades autónomas, a las que también habría que sumar las de la Ertzaintza en el País Vasco y los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Ahora, existe un debate sobre lo que ocurrirá en el caso de las multas.

Ignacio Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, entiende que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad serán limitados ya que, con carácter general, no pueden ser revisados los procesos judiciales sobre el confinamiento si ya ha recaído sobre ellos sentencia firme, pero esto no es aplicable a las sanciones. El argumento lo encuentra en el artículo 25.1 de la Constitución, que señala que «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

Volviendo al fallo del TC, suspender derechos como el de la libre circulación -entiende la sala- es algo que el gabinete de Sánchez sólo podía haber hecho bajo el paraguas del estado de excepción, el más severo de los previstos en la Constitución y que hubiera requerido el permiso previo del Congreso.