Más de 1.600 cántabros, en 'el limbo' de la tramitación de las ayudas de dependencia

No obstante, ya no figura entre las comunidades que mantienen paralizado su sistema de dependencia y que no terminan de reponerse de la crisis del covid. De hecho, hay datos en los que sale bien parada en la comparativa por autonomías. Por ejemplo, está entre las tres que han aumentado el presupuesto destinado a prestaciones, junto con la Comunidad Valenciana yAsturias. Y destaca entre las que menos tarda en resolver desde que se presenta la solicitud de valoración: 197 días. En el extremo contrario se encuentra Canarias, con cinco veces más de demora. Cuestiones que también subrayó la consejera de Empleo y Política Social, Eugenia Gómez de Diego, esta misma semana, en el balance de legislatura, cuando recordó que la comunidad ha contado con 33,5 millones de euros adicionales en los últimos cuatro años, un 29,9% más (un incremento medio del 5% anual). Para 2023 se estima un gasto total en atención a la dependencia de 120 millones.

Pero hay otro concepto en el que incide el informe que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el volumen de personas en el 'limbo de la dependencia', es decir, en el proceso de tramitación, bien a la espera de asignar o acceder a una prestación (873) o pendientes de valoración (otros 741). En total, 1.614 cántabros.

A la luz de los datos publicados por el Observatorio, diez comunidades autónomas –Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja– «hicieron caja» con el incremento presupuestario que el Gobierno destinó para financiar el sistema de dependencia durante el primer año del plan de choque. Pese a que recibieron fondos de la Administración central para mejorar tales servicios, no los aumentaron, sino que aliviaron sus arcas a costa de ellos.

Dicho informe pone de manifiesto que 353.965 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021. Por añadidura, no todo el dinero presupuestado se gasta. Así, se dejaron sin ejecutar 55 millones de euros, a pesar de que el sistema de atención adolece de importantes déficits, como demuestra el hecho de que más de 45.000 personas que se encontraban en lista de espera murieron entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Casi un millón y medio de españoles arrastran una dependencia reconocida. Otros 131.000 se hallan pendientes de valoración para conseguir las prestaciones que precisan para poder desarrollar sus actividades básicas, y que van desde ayudas económicas, alojamiento en residencias y atención domiciliaria, entre otras.

Según la asociación, al ritmo de ejecución del gasto se tardarían 35 años en lograr que no hubiera ninguna persona aguardando un trámite para obtener una ayuda. Sin embargo, no todo es malo. los autores subrayan que tras los «desastrosos» años de pandemia, «el plan de choque constata un cambio de tendencia».