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El bono de alquiler joven que pondrá en marcha el Gobierno central beneficiará a unos 2.000 cántabros desde el 1 de enero, puesto que tendrá efectos retroactivos desde su aprobación, según han informado este lunes el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga -que también ha anunciado el «inminente» inicio de la tramitación de la Ley de Vivienda de Cantabria- el diputado nacional Pedro Casares y la senadora Isabel Fernández, quienes han valorado la «gran noticia» que supondrá la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, dotado con 432 millones de euros, y del bono de alquiler joven para garantizar el acceso a la vivienda.
Zuloaga ha explicado que tras la aprobación del Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado aún son necesarios diversos trámites administrativos para poder abrir las convocatorias a las comunidades, por lo que en Cantabria se ha decidido mantener abiertas las de ayuda al alquiler y a la compra, y se han prorrogado automáticamente las ayudas que ya estaban concedidas.
El socialista ha destacado que el Gobierno de Cantabria tiene «el mismo objetivo» que el central: garantizar que la población más vulnerable tenga acceso a una vivienda digna, y por eso la Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha adquirido este año 37 viviendas repartidas en 13 municipios de la Sareb (banco gestionado por el Ejecutivo nacional) destinadas al alquiler social. Esto ha supuesto un gasto de 3,2 millones. Todas están arrendadas a familias en situación de vulnerabilidad, con contrato de alquiler protegido, cuyo importe se establece según los ingresos de la unidad familiar, ya que la cuantía no puede superar el 30% de la renta familiar.
Zuloaga ha destacado que esta adquisición de vivienda a la Sareb permitirá que un mayor número de personas pueda disfrutar de este derecho. Además, Cantabria sigue dando pasos para ampliar su parque público de vivienda, al que se han incorporado las 36 ubicadas en Ganzo (Torrelavega) de las cuales 18 se han reservado a jóvenes entre 18 y 35 años.
»Con estas operaciones que cuentan con una subvención del Ministerio de Transportes de cerca de dos millones de euros, el parque público de vivienda de Cantabria se eleva a 391 viviendas, más de cien más, un 39% más que en el inicio de la legislatura», ha remarcado Zuloaga. Desde el comienzo de la legislatura se han firmado 112 contratos de alquiler asequible, 177 contratos de alquiler social y 31 de alquiler social del nuevo programa creado para personas vulnerables.
«Vamos a seguir articulando medidas y leyes, como la futura Ley de Vivienda de España y la Ley de Vivienda de Cantabria», que iniciará su tramitación «de manera inminente», ha asegurado, tras el estudio y tramitación de las alegaciones recibidas durante el periodo de información pública.
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Casares, por su parte, ha anunciado que del bono de alquiler joven se podrán beneficiar unos 2.000 cántabros de entre 18 y 35 años, que tengan empleo y un salario no superior a 24.000 euros, y que destinen al pago del alquiler no más de 600 euros o de 300 en el caso de una habitación. Además, si la comunidad autónoma considera que en algunas zonas geográficas específicas «esos límites de alquiler son superiores porque el mercado así lo requiere se podrá aumentar ese límite hasta los 900 euros mensuales», ha señalado.
El diputado ha considerado que, frente a esta medida, los partidos de la oposición, especialmente al PP, tendrán que posicionarse, y les ha invitado a que se sumen a estas iniciativas «que son buenas para la juventud de Cantabria» para hacer efectivo el derecho a la emancipación.
Mientras, Fernández ha incidido en la importancia de la nueva ley de vivienda para las personas vulnerables y para evitar los desahucios, además de para las personas con discapacidad pues persigue la «plena inclusividad», y por ejemplo, en el caso de Cantabria, la senadora ha recordado que hay edificios públicos aún sin ascensores que podrán beneficiarse de la normativa.
Por otra parte, a preguntas de la prensa, Casares ha afirmado que 143.000 cántabros se beneficiarán del acuerdo de revalorización de las pensiones según el Índice de Precios al Consumo (IPC), que será del 2,5% para las pensiones generales y del 3% para las no contributivas.
Según el diputado, esto se traduce en que una pensión media «puede tener una subida mensual del entorno de 100 euros cada mes» que ya se consolida tras el cambio del sistema de revalorización de las pensiones. Así, con el modelo anterior del PP, la pensión ahora de media se habría actualizado a 1.085 euros y con el sistema del PSOE se actualiza a 1.182, «que ya se queda como pensión definitiva con la paga compensatoria por la desviación de precios en 2021».
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