Más de 2.000 viviendas de uso turístico se han registrado durante el último año

Santander recibió el mayor número de inscripciones de viviendas vacacionales durante el año pasado, 775, seguida muy de lejos de otras localidades de intensa actividad turística, como Suances (98), Ribamontán al Mar (87), Piélagos (60), Noja (58) y Castro Urdiales (48). No obstante, la cifra de viviendas de uso turístico autorizadas es mucho menor que la de declaraciones responsables: el parque legal es de 2.275 (con capacidad para 10.446 viajeros), según los datos de la Consejería de Turismo, frente a un total de 4.345 declaraciones responsables realizadas. El incumplimiento de alguno de los requisitos o el hecho de que los permisos se encuentren en tramitación explican esta diferencia. En Cantabria, las irregularidades detectadas en las viviendas de uso turístico dieron lugar a una veintena de sanciones en 2023.

No es fácil disponer de un censo real de viviendas turísticas. El Instituto Nacional de Estadística calcula que serían unas 6.000 las que estaban en funcionamiento el pasado verano, incluyendo las 'piratas'. Se estima, no obstante, que la cifra real es aún mayor, y podría superar las 10.000, según ha venido denunciando la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. Un informe de AirDNA, consultora líder en análisis de datos de apartamentos vacacionales a nivel mundial, indica que sólo la ciudad de Santander dispone de 2.300 apartamentos turísticos, con una oferta de plazas que supera a la de los hoteles.

Frenar la proliferación de pisos turísticos y su «crecimiento abrumador», en palabras de la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, es el objetivo del decreto que se está elaborando, y que propondrá un marco más restrictivo para el desarrollo de la actividad, a la que se culpa de inflar los precios de la vivienda, expulsar a la población local, sobrecargar los recursos y fomentar el turismo excesivo. El vecino Principado de Asturias, que también está trabajando en idéntico sentido, tiene más avanzada su reforma de la Ley de turismo, que exigirá a los propietarios de las viviendas de uso turístico la autorización de las comunidades de vecinos para su funcionamiento, y creará la figura de zonas turísticamente protegidas, un mecanismo que permitirá al Gobierno regional y a los ayuntamientos actuar cuando se superen los niveles de oferta turística o se ponga en riesgo el equilibrio ambiental.

«Yo espero que el Gobierno rectifique, no se deje influenciar por los lobbies tradicionales y mire por la economía local y los intereses de los turistas», indica Ignacio Gutiérrez, máximo responsable de Notel, empresa dedicada a la gestión de apartamentos turísticos con 'calidad hotel'. «Me llama la atención que nunca he leído que el Gobierno haya hablado de regular la vivienda turística para proteger al huésped, nunca ha dicho nada de obligar a que los operadores de apartamentos utilicen lavanderías profesionales, a que ofrezcan información turística, a disponer de alarmas de incendio, botiquín... Todo esto protege al huésped, da más seguridad y aporta valor, pero en cambio las acciones del Gobierno parecen más encaminadas a proteger al hotelero tradicional».

Para Gutiérrez, el intento de restringir la actividad es como «querer poner puertas al campo, porque no podemos ir en contra del consumidor». «Hay un incremento de la demanda y eso se debe a un cambio en el comportamiento del consumidor: ahora demanda un espacio más cómodo y amplio que un hotel, y por un mejor precio, e incluso a veces el mismo, está dispuesto a prescindir de algo como la limpieza diaria de la habitación, o de que haya una persona en la recepción que le dé los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, o que le ofrezca indicaciones turísticas cuando con internet está todo a su alcance. Es un turista que busca espacio, comodidad, ubicación y precio, y los hoteles no siempre son las mejores opciones».

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