Las familias con menores no perderán la renta social aunque incumplan alguna obligación

Las familias cántabras que tengan menores a su cargo no perderán la Renta Social Básica aunque incumplan algunas de las obligaciones que esta prestación impone. Se trata de una medida que el Gobierno regional ha introducido a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales de 2016 y que implica aplicar en su normativa el interés superior del menor.

Su aplicación será a partir de 1 de enero y establece que cuando se tome una decisión sobre la suspensión y extinción de las prestaciones, y haya un menor en la unidad de convivencia, hay que evaluar el interés superior del niño. Impone que este interés constituya la consideración primordial y se pondere respecto a los incumplimientos de obligaciones por parte de los miembros de la unidad de convivencia (sus padres o tutores principalmente) beneficiarios de las prestaciones.

Ello implica, además, que en las resoluciones administrativas que afecten a unidades de convivencia en las que hay niños y niñas, se expliquen y justifiquen las repercusiones en los derechos y en el desarrollo del niño o niña cuando vaya a suspenderse o anularse una ayuda, y que se salvaguarde y se valore por los servicios sociales municipales la situación de negligencia a los efectos de la conveniencia de una intervención socio-educativa.

De esta forma, Cantabria se convierte en la primera Comunidad Autónoma del país que introduce en su normativa el interés superior del menor, tal y como lo recomienda la Comisión Europea.

El anuncio de la medida lo ha hecho público hoy la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, durante la inauguración de la jornada 'Invertir en infancia: el interés superior del menor en las políticas públicas'. Ha asegurado que el objetivo es "hacer todo lo posible para que los intereses y necesidades de los niños y niñas no se vean lesionados cuando son las madres y padres los que incumplen algunas de las obligaciones de la Renta Social Básica.

La vicepresidenta reconoce que la medida puede resultar "polémica", pero está convencida de que "los menores tienen que estar en el punto de mira de las políticas del Gobierno".

Uno de cada tres menores en Cantabria se encuentra en el umbral de la pobreza o exclusión social, es decir, "está sufriendo directamente las consecuencias de la crisis que, lógicamente, no ha provocado", ha enfatizado Díaz Tezanos quien ha insistido en que la obligación del Gobierno es ofrecer los recursos necesarios para que salgan de esa situación porque los niños y niñas que crecen en esa pobreza tienen menos posibilidades de tener un buen rendimiento escolar, de disfrutar de una buena salud y de aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida

Por otro lado, ha recordado que el Plan de Emergencia Social tiene como una de sus líneas fundamentales la detección y lucha contra la pobreza infantil, y además incorporar las recomendaciones de la Comisión Europea 'Invertir en Infancia: romper el ciclo de desventajas'.