El Gobierno pedirá a los tribunales que no derriben las viviendas legalizables a corto plazo

El Gobierno de Cantabria pedirá a los tribunales que no se tiren las viviendas con sentencia de demolición que estén en vías de resultar legales a corto plazo. Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, después de conocerse que esos tribunales han reactivado los expedientes de demolición dos meses después de que el Constitucional echará por tierra la reforma legislativa que los había aparcado temporalmente.

De la Sierra se ha mostrado comprometido con los afectados pero también ha dicho que "como es lógico hay que cumplir la ley y las resoluciones judiciales".

Esta semana la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha remitido un requerimiento al Gobierno y a los ayuntamientos afectados para que informen sobre la forma y plazos de ejecución previstos.

En este sentido ha anunciado que el Gobierno diseñará un plan de ejecución de sentencias de demolición que tendrá que desarrollar la Dirección General de Urbanismo en colaboración con la Dirección Jurídica y el resto de los miembros del Gobierno.

En él se analizará la evolución previsible de cada grupo de viviendas y las garantías, la indemnización previa al derribo, y la legalización de las viviendas que admitan esta posibilidad.

De la Sierra ha insistido en que la posición del Gobierno sigue siendo la misma que antes de que el TC anulara las autorizaciones provisionales que permitían aplazar esos derribos y legalizar las viviendas previamente mediante los nuevos planes generales: "cumplir la ley y las resoluciones judiciales, ayudar en todo lo que se pueda a conseguir que nadie sea privado de su vivienda sin que sea previamente indemnizado o se le proporcione otra vivienda; y proponer que no se derriben aquellas edificaciones que están en vías de resultar legales a corto plazo".

"Para nosotros es fundamental el trato a los afectados, pero también como es lógico hay que cumplir la ley y las resoluciones judiciales", ha concluido.

En el requerimiento que el TSJC está enviando a los ayuntamiento afectados (Arnuero, Escalante, Miengo, Argoños y Piélagos) y al Gobierno regional el Alto Tribunal cántabro da un mes de plazo para que se informe sobre la forma y calendario de ejecución que tengan previstos y sobre las garantías legales que exigen indemnizar a los afectados antes de proceder al derribo de las viviendas. La Sala entiende que ya no existe obstáculo legal para continuar con la ejecución de las sentencias de derribo, por lo que, desaparecida la causa de la suspensión (las autorizaciones provicionales), reanuda la tramitación