Gipuzkoa plantea la urgencia de verter en Meruelo 14.000 toneladas al mes

La «solicitud de auxilio» así denominada por Asensio se traduciría en una autorización para deposuitar residuos de fracción resto no orgánica inicialmente durante dos meses, «susceptible de una prórroga de un mes de duración». Durante este tiempo de emergencia se verterían mensualmente entre 13.000 y 14.000 toneladas de basura. Además, desde Gipuzkoa se asume un precio de 96 euros por tonelada que ya ha sido establecido por la empresa pública Mare como consecuencia de los contactos previos ya mantenidos ante la premura de la operación. Y es que el día 3 el vertedero vasco de Lapatx (Azpeitia) cerrará parcialmente su puertas y solo admitirá el depósito de desechos procedentes de los municipios de la Mancomunidad Urela Medio, propietaria de la infraestructura.

De ahí que el propio Asensio explique en su petición a Cantabria, y en concreto a la sociedad gestora de Meruelo, que «dado el carácter de urgencia de iniciar los vertidos y mientras se negocia entre las partes el mencionado convenio le trasladamos nuestra disposición a pagar el coste del modelo de tratamiento de residuos implantado en Cantabria más los impuestos que apliquen, aun sabiendo que nuestro residuo se va a tratar directamente en el vertedero sin entrar en la planta de valorización». En suma, que la situación de posible emergencia para salud pública a la que puede verse abocada Gipuzkoa les obliga a aceptar inicialmente un precio que considera elevado; no habrá, por tanto, ni negociaión ni regateo.

En el preacuerdo que propone el consorcio vasco se subraya que debe recogerse el compromiso de negociar un convenio de colaboración entre ambas partes que se extienda en el tiempo y, por tanto, con un plazo de vigencia que llegará hasta que Gipuzkoa se dote de un Centro de Gestión de Reiduos. La opción que se baraja desde el Gobierno foral es que la próxima primavera puede salir a licitación esa infraestructura y la previsión es que esté lista y entre en servicio en el horizonte de 2019.

La empresa pública vasca indica que en el futuro convenio debe incluirse el rompormiso de «una cantidad mínima de vertido de 50.000 toneladas al año». Además, se habla de la necesidad de que se contemple un «escalonamiento de precios con un máximo de 96 euros la tonelada», precio que es el que abonará durante los tres primeros meses. Se añade que deberá quedar fijado un «régimen de sanciones para el supuesto de que en cuatro años no se alcance el mínimo de vertido de 200.000 toneladas».

Tal y como anticipó el domingo Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente del Gobierno regional, Cantabria ya ha decidido atender la petición vasca. Una respuesta positiva por «tratarse de una emergencia de salud pública» y porque, además, desde el bipartito se considera obligada «la solidaridad interterritorial» en la que hay que «profundizar».

Díaz Tezanos explicó que Meruelo tiene capacidad para atender la solicitud guipuzcoana. «La decisión se toma teniendo siempre en mente lo mejor para Cantabria y sus ciudadanos», añadió. Porque según su criterio, compartido también por los técnicos que llevan semanas analizando el caso y ahora deberán informar sobre la petición ya oficial, la llegada de un nuevo cliente a Meruelo generará un beneficio directo para la empresa Mare e incluso también puede resultar provechosa para los municipios cántabros. En este caso, desde Medio Ambiente se insistió en que se estudiará con detalle si la facturación con cargo a Gipuzkoa(estimada en 2-3 millones de euros) puede repercutir a rebajar el canon que pagan los ayuntamieentos cántabros por los depósitos de basura en Meruelo; ahora el precio que se abona se acerca a los 83 euros por tonelada.