El teleférico de Cabárceno se retrasará y no estará listo para Semana Santa

«Es imposible que se ponga en marcha en Semana Santa», confirmaron a este periódico desde la Consejería de Turismo del Gobierno regional. El problema no es un retraso en las obras, que ya se encuentran prácticamente terminadas, sino las rigurosas pruebas de seguridad que deben salvar este tipo de instalaciones para evitar accidentes. La normativa actual obliga a que el teleférico esté funcionando durante un mes antes abrirse al público para comprobar que todo funciona correctamente. «Así que es posible que la gente vea moverse las telecabinas, pero no podrán usarlas», señalaron desde el Ejecutivo.

Cableado y cabinas

Tras retrasos y paralizaciones por problemas con la licencia municipal, las obras se retomaron a finales de abril del año pasado, se ralentizaron en verano para no perjudicar las visitas en temporada alta y dieron un fuerte acelerón desde el pasado mes de octubre. Como se puede apreciar en las fotografías, ya se ha instalado el cableado a lo largo de los seis kilómetros del recorrido y las telecabinas también se han montado y cuelgan ya desde las estaciones repartidas por las dos líneas de las que consta el teleférico.

En la línea uno se ha concluido la construcción de las tres paradas que forman un triángulo en el parque: Osos, Mirador del Rubí y Elefantes. También está terminada la cuarta y última estación, situada junto al recinto de los hipopótamos.

Los últimos trabajos se están realizando a nivel del suelo, con el asfalto del nuevo aparcamiento, los baños para los usuarios y la adecuación de los accesos a la instalación.

Mientras las obras siguen adelante y se acerca la fecha de apertura, el Gobierno regional sigue intentando en los despachos negociar a la baja algunas de las condiciones del convenio que el Gobierno de Ignacio Diego firmó con la empresa adjudicataria. Los teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno fueron dos proyectos estrella del Ejecutivo del PP, pero el bipartito PRC-PSOE los considera prescindibles desde el primer día debido al equilibrio entre el esfuerzo económico y su rentabilidad turística. De hecho, una de las primeras medidas del consejero Francisco Martín tras ocupar el cargo fue anular el proyecto de Vega de Pas.

El contrato para este teleférico establecía unas condiciones «peligrosas», según Martín. Por ejemplo, que el pliego de condiciones garantizaba 120.000 pasajeros anuales a la empresa concesionaria, cuando un teleférico «consolidado» como el de Fuente Dé, tiene 200.000. Además, mientras que en Liébana hay en torno a un millón de turistas al año, en Vega de Pas la cifra es de 33.000. Esto supondría un perjuicio anual de alrededor de 1,8 millones, según los cálculos de la propia Consejería, porque ven «inviable» que se pueda llegar a alcanzar esa cantidad. A las cuestiones puramente económicas hay que sumar las de «índole ambiental y técnico», ya que, a su juicio, «hay soluciones mejores como que pueda llegar hasta Espinosa de los Monteros».

Sin embargo, el Gobierno sí tuvo que asumir el de Cabárceno al encontrarse en estado muy avanzado. En estos momentos, la Consejería de Martín sigue en conversaciones con la empresa para revisar el contrato económico y que no sea «tan gravoso» para Cantur y para las arcas públicas.

Según el contrato firmado en la pasada legislatura, todas las personas que accedan al Parque devengarán una parte de su entrada para el explotador de la telecabina. De los 25 euros que cuesta la entrada de adulto, siete serán para la empresa Accsa, y de los 15 euros de la de niño, 3,5. Es decir, la empresa no sólo ganará por los visitantes que se suban a las telecabinas, sino por cada uno que acceda al parque, utilice o no la infraestructura. Por ello, el consejero explicó que, desde la puesta en marcha de las telecabinas, Cabárceno «será deficitario y es posible que haya que incrementar el precio de la entrada». De hecho, el Gobierno regional ya inyectó cuatro millones de euros a Cantur el pasado mes de septiembre para evitar que entrara en liquidación. Una situación económica crítica que desde la Consejería creen que puede empeorar cuando se ponga en marcha el teleférico. Su retraso, por tanto, no ha sentado del todo mal en la Consejería. Cuanto más tarde arranque, menos dinero deberá pagar Cantur este año.

Si las negociaciones se estancan o se rompen en un futuro cercano, el Ejecutivo acudirá al Plan B para «defender el interés público». Esto es, la vía jurídica.