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Gonzalo Sellers
Lunes, 8 de febrero 2016, 09:29
La posición del PSOE sobre el papel que jugará el Parlamento en el contrato de basuras con Gipuzkoa cambió este domingo y, finalmente, se someterá a lo que decidan los diputados. El director general de Medio Ambiente, el socialista Miguel Ángel Palacio, quiso zanjar ... la polémica y no dejó lugar a interpretaciones o a posibles decisiones del Gobierno al margen del resultado en la Cámara. «Si el Parlamento dice no, naturalmente no puede haber convenio para las basuras de Gipuzkoa», señaló rotundo en una entrevista concedida a Radio Nacional de España. «No se puede hacer en contra de él», subrayó.
Palacio fue más contundente que la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, quien la semana pasada dejó la puerta abierta a que el Ejecutivo actuara en contra de la voluntad de la mayoría del hemiciclo. «Una vez negociado el acuerdo con la diputación guipuzcoana, se llevará al Parlamento y los diputados podrán dar su opinión, pero no será una decisión vinculante. Se trata de un acuerdo entre comunidades autónomas. Si la Cámara dice que no, tendríamos que valorarlo y el Gobierno decidirá». Estas fueron las palabras exactas que utilizó la dirigente socialista sobre el futuro de un acuerdo que supondría la llegada al vertedero de Meruelo de 200.000 toneladas de residuos urbanos en cuatro años a cambio de dinero.
Estas declaraciones provocaron una disensión en el seno del Gobierno, ya que su socio, el PRC, defiende la postura contraria, es decir, acatar en todo momento lo que se decida en la Cámara y, por tanto, no firmar el convenio si se pierde la votación.
La perspectiva no es buena para las pretensiones del Ejecutivo. Podemos ya ha mostrado su rechazo a recibir residuos de Gipuzkoa que acorten en un 20% la vida útil del vertedero. El PP, por su lado, ha sido muy duro en su frontal oposición a la medida. Su presidente, Ignacio Diego, llegó a acusar al bipartito de «vender Cantabria por cuatro perras». Ciudadanos, sin postura oficial a la espera de las explicaciones de la vicepresidenta, sería la última opción para salvar la votación, pero sus diputados no han apoyado a regionalistas y socialistas en los momentos claves de esta legislatura, como la investidura de Revilla y el Presupuesto de este año.
Palacio también advirtió ayer de que si no se aprueba el acuerdo, no se produciría ese ingreso extra y, por tanto, no habría una posible reducción de las tasas que el Ejecutivo cobra a los ayuntamientos. Esta modificación de la ley se adosará a la propuesta que el Gobierno presentará a la Cámara. Es decir, si los grupos votan no a las basuras de Gipuzkoa también dirán no a la reducción de impuestos. «El Parlamento no solamente dirá si le parece bien o le parece mal (el convenio), sino que también tendría, en el caso de que le pareciese bien, que aprobar una modificación legislativa de la Ley de Tasas», insistió ayer el director general de Medio Ambiente.
Salvar MARE
Lo que ya está aprobado, firmado y cuenta con el respaldo unánime de los dos socios de Gobierno es el contrato «de urgencia» para que la diputación vecina vierta en Meruelo 42.000 toneladas de residuos urbanos los próximos tres meses. Un acuerdo «solidario» que anteayer pusieron por escrito y firmaron Tezanos y el presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y también responsable socialista de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio. Hoy mismo llegarán a Meruelo los primeros 25 camiones que, cada día, transportarán desde allí la basura a un precio de 96 euros por tonelada. El mayor que MARE ha cobrado jamás a nadie, según los datos facilitados por el Ejecutivo regional.
El ala socialista del Gobierno está decidida a llegar a un acuerdo a largo plazo con la diputación guipuzcoana para recibir unos ingresos que supondrían un balón de oxigeno para MARE, después de unos últimos años en la cuerda floja, con un ERE incluido.
Tezanos recordó esta misma semana que «el PP dejó la empresa con cuatro millones de deudas» y que el acuerdo con los vascos «permitiría sanear las cuentas y afianzar los 272 puestos de trabajo». Este argumento, lógicamente, convence al comité de empresa, que esta semana mostró su «apoyo incondicional» a la firma del convenio. UGT, CC OO y SIEP, cada uno por su lado, también respaldaron la postura del PSOE por la «inyección económica que supondría».
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