El Gobierno no seguiría con el acuerdo de las basuras si no logra una mayoría parlamentaria

La vicepresidenta lo ha manifestado así en el pleno del Parlamento, donde ha comparecido para informar sobre el acuerdo con el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) que se ha firmado ya para que pueda depositar basuras en el vertedero de Meruelo durante tres meses. Díaz Tezanos ha reiterado que también explicará a la Cámara el acuerdo que se está negociando para que el Consorcio de Gipuzkoa pueda verter en Meruelo a largo plazo, durante cuatro años, y cuyas condiciones han de "dialogarse" y "decidirse".

Por ello, el Gobierno va a convocar a los portavoces de todos los grupos parlamentarios para establecer las condiciones y solicitar su apoyo para ese acuerdo para cuatro años, según ha señalado Díaz Tezanos.

La vicepresidenta ha reiterado que el Gobierno cántabro ha atendido la solicitud del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa por "solidaridad" y por una causa "de salud pública", y ha defendido el acuerdo por razones económicas -ya que el vertido costará 94,93 euros por tonelada más IVA y dos euros más por transporte- y para mejorar la situación de la empresa pública Mare (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía), encargada de las tareas medioambientales. Ha recordado que MARE, con 72 empleos directos y más 300 indirectos, tuvo en 2014 unas pérdidas económicas de 3,8 millones de euros.

En este sentido, Díaz Tezanos ha asegurado que el equilibrio financiero de la empresa pública pasa, o bien, por inyectar dinero público, algo que ve "díficil" y "duro" porque habría que restarlo de otro ámbito, o aceptar ingresos como el que ahora ofrece Guipúzcoa.

El acuerdo del que ha informado hoy Díaz Tezanos supondrá que el vertedero de Meruelo recibirá 42.000 toneladas de residuos de Guipúzcoa en tres meses, mientras se analiza el convenio para los próximos cuatro años, en los que se vertería en Cantabria 50.000 toneladas de residuos anuales.

Ciudadanos, Podemos y el PP se han quejado de la falta de información, algo que no comparte el PSOE, que ha hablado de "transparencia" por parte del Ejecutivo, mientras los regionalistas se han mostrado "convencidos" de que el Gobierno trasladará a la Cámara todos los datos necesarios sobre el acuerdo a más largo plazo.

La vicepresidenta ha asegurado que se ha trasladado a los grupos toda la documentación que ha manejado el Gobierno, ha garantizado que el acuerdo "es ventajoso" para Cantabria y ha enfatizado que se ha tomado con respeto "escrupuloso" de la legalidad y con todos los informes favorables.

El grupo popular y Podemos han sido los más críticos en el debate, que han seguido en el Parlamento trabajadores y miembros del comité de empresa de Mare. Podemos se ha mostrado a favor de garantizar el empleo "pero no a costa del medio ambiente" y ha reprochado a Díaz Tezanos que "venda como solidaridad quitarle un marronazo a un compañero suyo de partido", el Diputado Foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa (José Ignacio Asensio, del PSE). Podemos pide que se conforme una mesa en la que participen organizaciones ecologistas, partidos, el comité de Mare, la Consejería de Medio Ambiente y la de Industria para realizar un seguimiento exhaustivo de los acuerdos.

El expresidente regional y líder del PP, Ignacio Diego, ha reprochado al Gobierno la "improvisación", "irresponsabilidad" y "falta de prudencia" con la que, a su juicio, ha manejado este tema. Diego ha asegurado que en Vizcaya y Álava existen alternativas para acoger el vertido, algo que ha negado la vicepresidenta. "Ahora van a parasitarnos a nosotros", ha opinado el líder popular.

También ha señalado que el vertido de residuos de Guipúzcoa acortaría la vida útil de Meruelo, pero Díaz Tezanos ha respondido que hay vertedero "para rato", hasta 2030 según la última estimación que se espera prolongar porque en el futuro, en cumplimiento de las directrices y la normativa, "se va a reciclar más, se va a reutilizar más y se verterá menos".

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha recalcado que su grupo apoya "sin titubeos" y "sin dudas" la postura del Gobierno y su acuerdo por tres meses con el Consorcio de Gipuzkoa. Y ese apoyo responde a la solidaridad, a la cooperación interterritorial, a criterios económicos y a que no existen perjuicios medioambientales por los vertidos "puntuales" de tres meses.

Pero para decidir sobre un acuerdo más largo, de cuatro años, se necesita más información y que el Parlamento tenga más datos, según Hernando.

La portavoz socialista, Silvia Abascal, ha defendido el acuerdo, ha insistido en la "transparencia" del Gobierno, y ha subrayado que está sustentado por informes de técnicos y por "un trabajo serio".