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Viernes, 18 de marzo 2016, 19:02
El vertedero de Meruelo lleva recibiendo residuos de Guipúzcoa desde el pasado 8 de febrero gracias al acuerdo que gobiernos cántabro y vasco firmaron en su día para que 24.000 toneladas de basuras procedentes de la comunidad vecina acaben triturados durante los próximos tres ... meses en tierras cántabras. La asociación ecologista ARCA no ha esperado a que acabe ese plazo para denunciar lo que consideran una "ilegalidad". Denuncian que "la basura está llegando sin tratamiento previo", lo que va en contra, dicen, de la autorización ambiental integrada y el real decreto que regula este tipo de actuaciones.
Una actuación "al margen de la ley" que ha sido denunciada este viernes por Adán Musi y Javier García Oliva. El presidente y el secretario, respectivamente, de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria han opinado que "los residuos de Guipúzcoa se están depositando directamente en la planta de Meruelo sin ser sometidos al triaje necesario para separar los posibles materiales impropios".
Según Arca, "se vierte directamente a Meruelo sin que pase por ninguna planta de tratamiento para depurar los posibles residuos impropios". "Los residuos no vienen tratados, sólo se hace una recogida selectiva". Una actuación a la que se opone García Oliva, hoy secretario de Arca pero que fue director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria entre 2003 y 2007 cuando la región estaba dirigida por el bipartito PRC-PSOE.
Y tras la denuncia, ha venido la reclamación. Tanto Musi como García Oliva han pedido a los responsables políticos que cumplan con la normativa. Es decir, que garantizen la llegada de residuos tratados a Meruelo. Los ecologistas ya tienen preparada bajo la recámara la opción de "denunciar el incumplimiento de cualquier ley", en caso de que los responsables políticos no les escuchen.
Les hagan caso o no, lo que no aprobarán en ningún caso los ecologistas es que la empresa pública MARE y la Diputación de Guipúzcoa amplíen ese convenio durante los próximos cuatro años porque, advierten, "los costes medioambientales serán inasumibles". En este caso, será el Parlamento, con la votación de sus diputados, el que tengan la última palabra.
Para Arca, la firma de ese convenio a cuatro años serviría para convertir "una colaboración y solidaridad en un momento puntual de emergencia en algo comercial que nada tiene que ver con el fin de una empresa pública como Mare".
Además de disminuir la vida útil del vertedero de Meruelo, el colectivo ve otros efectos perniciosos de este convenio. El desgaste de carreteras provocado por los 25 camiones de gran tonelaje que traen los residuos o las "importantes" emisiones de CO2 son otras de las repercusiones negativas que denuncia Arca.
Pero no todas sus críticas se han dirigido a Peña Herbosa. ARCA ha recomendado a la Diputación de Guipúzcoa que, "si tiene esa necesidad a largo plazo, debería buscar un vertedero más cercano a su entorno porque los residuos deben ser tratados lo más cerca posible de la fuente de origen".
A juicio de los ecologistas, el motivo que ha llevado a los guipuzcoanos a verter sus basuras en Meruelo es "porque les sale más barato al no tener que realizar el tratamiento previo".
Y ni siquiera la posibilidad de los ingresos que generaría ese contrato de cuatro años para sanear las cuentas de MARE han convencido a los ecologistas. "El fin no justifica los medios. Habrá que buscar la mejor solución y no cualquiera y menos ésta, que es ambientalmente inasumible", han razonado. Y sobre el déficit de MARE, han dejado clara su postura. "Siempre ha sido deficitaria. Es un servicio público y como tal no tiene que buscar la rentabilidad económica por encima de todo".
"Los vertidos cumplen la ley"
Por su parte, el Gobierno de Cantabria no ha tardado en responder a la denuncia de ARCA y este mismo viernes ha emitido un comunicado en el que quiere dejar claro que "los residuos depositados en Meruelo procedentes del País Vasco cumplen con las exigencias que fija la autorización ambiental integrada".
La empresa pública MARE recuerda que los residuos que en la actualidad está depositando Gipuzkoa en Meruelo se someten antes a una compactación que permite la reducción de su volumen y en menor medida de su peso. Lo que se hace en este proceso es eliminar la presencia de agua en residuos.
Un proceso que, a su entender, entra dentro de los procesos que entiende la ley por tratamiento previo: "procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización".
Para la empresa pública, las declaraciones de MARE solo son una crítica más de los ecologistas que "están empecinados desde el principio en cuestionar el acuerdo a cuatro años con Guipúzcoa", una firma que se hará "siempre en condiciones asumibles medioambientalmente, por el menor espacio temporal posible y defendiendo siempre los intereses del medio ambiente de nuestra Comunidad Autónoma".
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