El Gobierno pagará hasta 1.000 euros de luz y gas a las familias en apuros

El Gobierno de Cantabria pagará recibos de luz y gas por importe de hasta 1.000 euros en tres meses a las familias más vulnerables que, para acceder a esta ayuda, tendrán que contar con un informe acreditativo de los Servicios Sociales del ayuntamiento en el que vivan.

Así se ha firmado este lunes con cinco empresas que venden estas energías (Viesgo, EDP, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa) que se han comprometido a evitar la suspensión de sus servicios y a alargar los plazos para cobrar. Según el dato que maneja el Ejecutivo, un 8,3% de los hogares cántabros tienen dificultades para enfrentar la factura de la luz y el gas: esto supone que este respaldo llegará a unas 50.000 personas.

La Federación de Municipios tendrá un papel relevante animando a los ayuntamientos a adherirse. El trámite de los convenios se hará de la forma más rápida posible, ha señalado la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, consejera de Política Social, de modo que las cantidades (que salen de los dos millones de euros con que está dotado el Fondo Extraordinario de Emergencia Social) lleguen cuanto antes a sus destinatarios. A ellos se les abonarán los recibos siempre y cuando el peticionario no ingrese más de 666 euros mensuales, el 1,25 del IPREM, cantidad que se incrementa un 30% para el segundo integrante del núcleo familiar, el 20% para el siguiente, etc.

Es decir, las arcas regionales darán un respiro económico a quienes de buena fé no puedan hacer frente a sus recibos en su vivienda habitual y estas ayudas serán complementarias a las que ya tienen en marcha algunos ayuntamientos. El papel de éstos será acreditar la vulnerabilidad de los usuarios y trasladar la solicitud a las compañías para que no corten el sumnistro. Las empresas, por su parte, darán formación al personal de los Servicios Sociales municipales para que puedan enseñar una mejor gestión de los suministros y también harán auditorías en los domicilios de aquellas familias que quieran hacer más eficiente su consumo.

Díaz Tezanos ha recordado que el Gobierno aprobó el 28 de enero un plan de emergencia social con el que se pretende cubrir las necesidades alimentarias, habitacionales y energéticas de las familias a las que más ha golpeado la crisis.

El presidente de la Federación de Municipios, Pablo Diestro, ha especificado que se tiene por 'pobre energético' a quien no puede hacer frente a este gasto con el 10% de sus ingresos. En Cantabria el número de ciudadanos con este problema equivaldría a toda la población de Torrelavega, ha señalado. Diestro espera que este tipo de medidas sirvan para quitar una preocupación a ese gran número de familias.

Los representantes de todas las firmas eléctricas han defendido como muy necesario este tipo de convenio (ya lo tienen en pie con los gobiernos de otras comunidades autónomas) y han destacado que es una forma eficaz de atajar la precariedad energética de los más desfavorecidos. Julián de Benito, en representación de Viesgo (que suministra a casi 270.000 particulares y de pequeños negocios) señaló que son las administraciones las que tienen las herramientas para saber quiénes son estos hogares. Nosotros colaboramos con medidas de aplazamiento del abono de las facturas. Un mensaje muy similar han lanzado Carlos Luengos, director de operaciones de EDP (que ha calificado de muy efectiva la forma en que se plantea este acuerdo), Juan Aurrecoechea, de Iberdrola Clientes, Juan Manuel Toral, delegado de Gas Natural y Miguel Temboury, director general de la zona Noroeste de Endesa. Temboury ha subrayado que esta fórmula que ahora pone en marcha el Gobierno es una de las más eficientes para atender a estos ciudadanos.