El Parlamento exige parar los espigones de La Magdalena hasta conocer sus efectos

Si el Ejecutivo decidiera recurrir, tendrá que hacerlo antes de la segunda quincena de abril, ya que el Ministerio de Medio Ambiente dio dos meses para plantear reclamaciones al hacer pública su resolución. Hay dos posibilidades: un recurso de reposición o un contencioso administrativo. Si esto sucede, De la Serna está convencido de que se perdería la consignación presupuestaria. «Es malo que el Gobierno no haga inversiones en la capital, pero no torpedee las que existen. Saben el daño que va a suponer para la ciudad», alegó.

El proyecto cuenta con todos los parabienes del Ministerio de Medio Ambiente, que no sólo aprobó el estudio de impacto medioambiental, sino que, a través del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), aseguró que la obra no afectaría a las dunas ni al estuario. Pero no lo hizo a través de ese informe específico que, tanto el Gobierno cántabro como este lunes Podemos con su moción, reclaman urgentemente al Estado.

De la Serna destacó que el expediente cuenta «con todos los trámites administrativos en regla» y negó «defectos de forma». Por eso, lo sucedido este lunes en el Parlamento solo esconde una «intención política». «Es un espectáculo teatral cocinado entre Podemos y el PRC para hacer oposición a Santander», dijo.

Este extremo fue negado por los portavoces del resto de partidos. Todos coincidieron en la necesidad de estar seguros de los efectos de los diques antes de construirlos. «Ni yo ni nadie en este hemiciclo sabemos si van a ser dañinos para El Puntal porque no se ha hecho el estudio hidrodinámico», subrayó el portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, muy irónico con la primera intervención en la Cámara del regidor, a quien se dirigió como «su excelencia todopoderosa» y le afeó sus ausencias de los plenos parlamentarios «para vender sus Smartchorradas por el mundo».

Antes de mayo

Desde el PSOE señalaron que la misma «obligación» del Ayuntamiento de Santander de buscar una solución que garantice el futuro de estas tres arenales santanderinos la tiene el Parlamento y el Ejecutivo autonómico en defender la preservación del patrimonio natural de Cantabria. Por su parte, los regionalistas también consideran que son necesarias «mayores garantías» de que no va a haber afección a otras zonas del litoral.

Desde Ciudadanos también destacaron la necesidad del estudio hidrodinámico y opinaron que en la protección del medio ambiente «vale más pecar en exceso» que permitir que se puedan generar daños que pueden ser «irreversibles». Según señaló el diputado Rubén Gómez, es necesario encontrar una solución para estas playas «sin generar» otro problema, lo que, dijo, sería «vestir un santo» pero «desvistiendo otro».