La Comisión de la Competencia recurre una convocatoria de ayudas de formación de Cantabria

En un comunicado explica que de esta forma se excluye de la convocatoria a aquellos centros inscritos en otras comunidades y que no lo están ni en el Servicio Público de Empleo Estatal ni en el de Cantabria. La CNMC ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional una vez desestimada por el Gobierno de Cantabria, el pasado enero, la reclamación que planteó contra esta orden de ayudas de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

La directora del Servicio Cántabro de Empleo (SCE), Carmen Díaz Marzal, ha explicado que esta convocatoria quedó resuelta en diciembre y que los cursos ya han comenzado a impartirse. En total las empresas seleccionadas impartirán 440 cursos presenciales y 50 de teleformación. La convocatoria es plurianual, con una financiación de 3,2 millones de euros distribuida en tres anualidades (800.000 euros para 2015, 1,1 millones para 2016 y 1,2 para 2017) para planes dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, de manera que su participación sea al menos del 60 por ciento del total de trabajadores que inician su formación.

Díaz Marzal indicó que de momento se va a seguir con los cursos sin dar marcha atrás en la convocatoria, a la espera de conocer qué dice la resolución de admisión a trámite de la Audiencia y de la resolución del recurso.

El Gobierno de Cantabria ya modificó esta orden de ayudas una vez tras la presentación de un primer recurso de un particular. La orden inicial se publicó el 1 de octubre de 2015, apenas unos días de la entrada en vigor de una ley estatal que modificaba algunos aspectos sobre quienes podían o no concurrir. Por eso tras ese primera reclamación se publicó una modificación de la orden de ayudas el 25 de noviembre y se abrió un nuevo plazo para solicitar las subvenciones.

La orden modificada incluía, entre los centros que pueden impartir la formación, también a aquellos inscritos en el registro del Servicio Público Estatal de Empleo y no sólo a los inscritos en el de la comunidad autónoma, como ocurría en la primera. La Consejería explica en la orden de noviembre que para impartir acciones formativas en modalidad presencial o mixta se requiere disponer de instalaciones y recursos ubicados en la comunidad autónoma y que la competencia para inscribir y acreditar a las entidades de formación "puede corresponder, con carácter general al Servicio Público de Empleo Estatal, pero también en supuestos especiales al Servicio Público de Empleo Estatal", lo que hacía necesario modificarla, recoge la agencia EFE.

La Audiencia Nacional no ha solicitado aún a la Consejería de Economía la remisión del expediente, explicó ayer en nota de prensa el Gobierno en la que el consejero, Juan José Sota ha lamentado esta situación, más aún cuando Cantabria llevaba varios años sin convocatoria por parte del Partido Popular.

La CNMC, que también ha recurrido una convocatoria de ayudas de Castilla-La Mancha, señala en su comunicado que está legitimada para interponer un recurso contencioso-administrativo cuando considera que una actuación procedente de cualquier administración pública es "contraria a la libertad de establecimiento o de circulación previstos en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado". Añade que esas actuaciones "limitan la competencia efectiva en la economía española, reducen el nivel de productividad y obstaculizan el crecimiento económico".