Mazón se opone a que los realojos como los de El Pilón sean a través de viviendas sociales

Así lo ha defendido Mazón en su comparecencia ante la Comisión de Investigación y Universidades, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria que debe dictaminar sobre proposición de ley del PP para garantizar el derecho realojo a través de la modificación de las actuales ley del suelo y de vivienda protegida de Cantabria.

Concretamente, se ha mostrado contrario a que en la proposición de ley del PP se proponga modificar la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria para crear una modalidad de vivienda para afectados por actuaciones urbanísticas y cubrir el derecho al realojo de afectados a través de la entrega de este tipo de inmueble. Según la proposición de ley del PP, se plantea que los ocupantes afectados que hubieran de ser desalojados y con ingresos económicos que no superen 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) tengan derecho a acceder a una de estas viviendas para afectados por actuaciones urbanísticas.

El consejero ha opinado que todos los afectados que tengan que ser desalojados, no solo aquellos con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM, deben tener derecho a solicitar la entrega de una vivienda de condiciones similares a la que ha tenido que abandonar, una visión que también ha defendido Podemos, que ha anunciado que tiene intención de plantear una enmienda para suprimir dicha limitación. Sin embargo, en lo que más ha insistido Mazón es en que la vivienda que se entregue a los desalojados debe ser libre, no protegida, puesto que las VPO tienen una serie de limitaciones a las que no deberían quedar sujetos estos afectados.

En la misma línea se ha pronunciado, tras la comparecencia de Mazón, el director general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Francisco Gómez Blanco, quien ha alertado de que la entrega de estas VPO "penaliza" a los afectados entregándoles un "regalo envenenado".

Tanto Mazón como su director general de Vivienda se han mostrado contrarios también al derecho de recompra a favor del obligado a satisfacer el derecho de realojo que se plantea en la proposición no de ley. Y es que, en ella, se establece que el promotor o quien haya satisfecho el derecho del realojo del afectado tenga opción a recomprar la vivienda entregada "por el precio inicialmente abonado" si el realojado procede a la posterior transmisión de la vivienda a terceros.

Tras las observaciones de Mazón y de Gómez Blanco sobre esta cuestión, PRC, PSOE y Podemos han acusado al PP de incluir este aspecto para "beneficiar" a empresarios y promotores.

Podemos también ha considerado una "barbaridad" que se prevea este derecho de recompra y ha anunciado que una de las enmiendas de su grupo a la proposición de ley será para suprimirlo.

Además, y en la misma línea que lo expresado en días anteriores por otros representantes del Gobierno de Cantabria, el consejero y el director general de Vivienda han mantenido que en la misma no se aporta nada significativo sobre el derecho al realojo a lo que ya se plantea en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana nacional aprobado el pasado 30 de octubre.

El PP, por su parte , se ha mostrado abierto a mejorar, entre todos los grupos, la proposición no de ley presentada a través de las enmiendas y atender todos los aspectos citados. Ha vuelto a insistir en la necesidad y en la urgencia de abordar este asunto a través de su proposición de ley, para abordar el conflicto surgido con la actuación urbanística en el barrio del Pilón y dar tranquilidad a los afectados, algo en lo que se ha mostrado de acuerdo Ciudadanos y Podemos.

"Tenemos a las puertas tantas cosas que yo no he visto entrar por la puerta...", ha dicho el diputado del grupo mixto-C's Rubén Goméz en alusión a la proximidad anunciada por el Gobierno de Cantabria para llevar al Parlamento regional su proyecto de ley con la nueva Ley del Suelo, una proximidad que regionalistas y socialistas usan como argumento para defender que no es necesario modificar la actual normativa

Lesividad del PGOU

Por otra parte, durante la comparecencia, Podemos ha vuelto a pedir al Gobierno de Cantabria que declare lesivo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander porque, según ha insistido, es "inmoral" e "ilegal" y "vulnera" e "incumple" derechos constitucionales, como el que garantiza el derecho a una vivienda digna.

En contra de este planteamiento, Mazón ha afirmado que "el Gobierno no puede declarar la lesividad de un PGOU" y ha señalado que dicha figura de la lesividad es para "los actos" concretos, no para elconjunto de un plan de ordenación. "El Gobierno no puede hacer lo que le dé la gana", ha dicho el consejero.

Sobre esta cuestión ha vuelto a referirse el director general de Vivienda, quien ha manifestado, al igual que otros representantes del Gobierno regional en comparecencias anteriores ante esta misma Comisión, que "no es necesaria" la declaración de lesividad puesto que el Ayuntamiento de Santander tiene la capacidad de modificar su planeamiento.