El Gobierno se reunirá con la viuda que iba a ser desahuciada para buscar una solución

Virginia, de 51 años, está "harta de dar tumbos". "De un mes poder pagar los recibos y al siguiente no tener más que para hacer la compra justa", explica. Hace once años que dejó de poder pagar la hipoteca de su vivienda de protección oficial (VPO), que ahora es propiedad del Gobierno de Cantabria tras haber ejercido el derecho de tanteo. Tras sucesivas prórrogas y negociaciones, la semana pasada le llegó "una carta en la que me decían que me iban a desahuciar". El Ejecutivo ha aclarado que esta mujer, viuda desde hace quince años, "no está en riesgo inminente de ser desahuciada".

Con el fin de "concretar la solución", la Consejería de Obras Públicas y Vivienda la ha convocado a una reunión para el día 19, a la que asistirá acompañada de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, que ha sido la que ha alertado de la situación.

El desencadenante cuenta fue una circular que recibió "la semana pasada, en la que el Gobierno me solicitaba que abandonara pacíficamente mi casa en un plazo de quince días". Según ha explicado también la PAH, además, le solicitan el pago de 7.000 euros en concepto de gastos.

Según explica Virginia, "cuando mi marido murió, todo se complicó, porque yo no tenía trabajo, pero sí a dos hijos a mi cargo, de 14 y nueve años". "Fui tirando como pude. Trabajé limpiando casas y cuidando a personas mayores, pero nunca conseguí un trabajo fijo", añade. Y así llegó el año 2005. "Solo tenía ya a mi hija a mi cargo, que estaba estudiando, y entre su pensión de orfandad y la mía conseguíamos juntar poco más de 500 euros. La cuota de la hipoteca sobrepasaba los 200 euros, más otros 40 de gastos de comunidad, el gas, la luz... No había forma de llegar a fin de mes, y ya tenía varios recibos acumulados".

Según la PAH, Virginia perdió la vivienda en 2005 al no poder hacer frente a la hipoteca, pero el Ejecutivo regional le permitió quedarse durante dos años sin pagar. Transcurrido este tiempo, en 2007, la viuda solicitó un alquiler social, que el Ejecutivo cántabro cifró en 470 euros, «pero no era un precio razonable para mis ingresos. ¿Cómo íbamos a vivir? Sería empezar de nuevo la rueda de los impagos de los recibos. Si pagaba el alquiler, no llegaba para la luz y el gas".

Virginia asegura que tiene "muchas esperanzas puestas en la reunión de la semana que viene. La alternativa es que me quede en la calle. Te ves sola, sin trabajo, con mucha angustia, sin salida uno y otro año, sin que nada cambie. Yo quiero pagar un alquiler, pero tengo que poder comer también".

Desde el Gobierno explican que en el transcurso de la reunión con la afectada «se concretarán las soluciones a este problema, atendiendo siempre el interés social". También ha reiterado su "compromiso social" con los afectados por los desahucios "y prueba de ello son las políticas activas de vivienda en relación con los problemas habitacionales y las graves consecuencias personales y familiares que estas situaciones provocan en los afectados".