El Servicio de Emergencias del 112 recuperará su carácter público este año

El Gobierno regional redactará una ley para que la Entidad 112 Cantabria se incorpore, este año, a la administración autonómica como organismo autónomo y recuperar así su carácter público. Con el Gobierno del PP, el 112 Cantabria, que gestiona el teléfono de emergencias y los seis parques de emergencias de la comunidad autónoma, paso a funcionar como sociedad anónima unipersonal, con la aportación que recibe del Gobierno como fuente de financiación única.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y representantes sindicales han informado hoy en rueda de prensa de esta decisión, acordado en un grupo de trabajo formado por miembros de la administración y sindicatos.

De la Sierra ha señalado que la intención de la Consejería es llevar al Parlamento el proyecto de ley en un plazo "razonable", en este año 2016, porque la redacción de esta norma "no tiene grandes dificultades", informa EFE

Representante de los sindicatos han hecho un llamamiento a los grupos políticos para que apoyen el proyecto, porque entienden que un organismo cien por cien público es la mejor forma de gestión.

En el año 2012 el PP inició la "reconversión" del 112 que antes se denominaba el Semca (Servicio de Emergencias de Cantabria) y lo hizo partiendo de una auditoría que detectó contratos irregulares, sueldos excesivos y una deuda de 1,3 millones de euros. Los primeros pasos fueron un ERE en el servicio y la privatización de la centralita. Estos despidos pusieron en pie de guerra al colectivo de bomberos y se terminó en un acuerdo que incluía bajadas de sueldos y cambios en los turnos con más horas.

La integración ahora del 112 en la administración pública no repercutirá en el salario de los bomberos, que "mantienen la bajada del 15%" de la anterior legislatura y "van a seguir cobrando lo mismo". Aunque la Ley de Estabilidad Presupuestaria "impide" aumentar la plantilla, el consejero ha destacado que el 112 tiene "necesidades de presupuesto y personal" y que "es necesario aumentar la plantilla y crear algún parque más".

La principal diferencia al convertirse en un organismo autónomo, dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia, estará en que la Entidad 112 Cantabria funcionará de una forma más pareja a la de la administración pública. De este modo, aplicará la ley de contratos de la administración pública, los recursos económicos se transferirán directamente el organismo autónomo y el acceso del personal tendrá que cumplir los principios de publicidad, mérito e igualdad. Además, la dirección operativa seguirá igual independientemente de los cambios de gobierno y al margen "de los colores políticos".

El Gobierno y los sindicatos destacan que el cambio en la figura legal del 112 Cantabria facilitará el proceso de integración del personal y una mayor eficiencia y eficacia de la estructura y de los procedimientos para la prestación del servicio.

El grupo de trabajo -compuesto por los sindicatos UGT, CCOO y SIEP, por la Dirección General de Protección Civil y por la Gerencia del 112- ha acordado que para una eficaz prestación del servicio de emergencias debe existir una gestión integral y unificada. También aboga por una estructura estable y sólida, "alejada de los cambios políticos", con la garantía de una continuidad en el mando desde la propia administración pública.

Al mismo tiempo, se reconocerá al personal como empleado público, lo que, a juicio de la Consejería y los sindicatos, reforzará la respuesta operativa. También se normalizará el uso de los bienes materiales para la prestación del servicio, dado que hasta el momento se comparten los medios adscritos a la empresa pública con los que son titularidad de la comunidad autónoma.

El consejero ha indicado que se inicia ahora la redacción de la norma de creación del organismo autónomo, para posteriormente proceder a su tramitación administrativa y la obtención de los informes sectoriales, a fin de que llegue al Parlamento este mismo año.

El responsable de UGT y presidente del comité, José Luis Fernández, ha pedido así a los grupos que demuestren "su apuesta por lo público" y que no hagan del acuerdo un "papel mojado". Los representantes sindicales también coinciden en que esta decisión solo marca el inicio y en que "queda camino por recorrer". "Las emergencias deben gestionarse desde lo público y por profesionales para garantizar la transparencia, la seguridad ciudadana, una mayor operatividad y también una mayor calidad de las condiciones de trabajo", ha dicho el representante de UGT.