El Gobierno delega en cada consejería la responsabilidad de pagar la extra a sus funcionarios

El primer paso para curarse de una adicción es la aceptación del problema. Y eso es lo que hizo ayer el Consejo de Gobierno: reconocer que no hay dinero para pagar la mitad de la extra de 2012 que se les debe a los funcionarios. No es ningún secreto que el bipartito no tiene los 18,5 millones de euros necesarios para afrontar el abono de la nómina eliminada por el PP en la pasada legislatura. Tanto el presidente como el consejero de Economía han explicado varias veces que no existe ninguna partida para ello en el Presupuesto de 2016. Pero también hay un compromiso público de pagarla durante este año. Y el Ejecutivo PRC-PSOE dio ayer el primer paso burocrático para hacerlo: aceptar que no hay ni un céntimo previsto. La premisa no invita demasiado al optimismo, pero el acuerdo de Gobierno, aprobado bajo el rimbombante título de no disponibilidad de crédito, también marca la estrategia que se seguirá para encontrar el dinero. Lo primero que hará el Ejecutivo es delegar en cada consejería la responsabilidad de rascarse el bolsillo para pagar la extra a sus funcionarios. El planteamiento es sencillo: si no hay partida global comprometida, cada departamento deberá sacarlo de sus propias cuentas. Es decir, Educación se encargará de pagar la extra de los profesores, Sanidad la de los médicos y Obras Públicas la de sus ingenieros, entre otros.

Sanidad y Educación

El modelo es el mismo que utiliza el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con las autonomías para que se ajusten a los objetivos de déficit. El Estado obliga a las comunidades a efectuar las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. También es el mismo sistema que Montoro utilizará para recortar 2.000 millones de euros y cumplir con el déficit nacional en 2016 y para pagar la extra a los funcionarios que dependen del Estado. Pues en el caso de la extra autonómica pasará lo mismo. Cada consejería deberá asegurarse de frenar el gasto y abastecerse de la cantidad que necesite. La mayor carga, por volumen de trabajadores y de presupuesto, recaerá en Sanidad y en Educación, aunque desde la Consejería de Economía confían en recibir algún ingreso extraordinario que palie el esfuerzo que deberán hacer tanto las áreas gestionadas por los regionalistas como los socialistas.

El propio consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, tranquilizó a los funcionarios en una intervención parlamentaria este mes: «Claro que vamos a pagar la extra, hasta ahora estamos cumpliendo todo lo que hemos prometido, todo, con mayores o menores dificultades, con mayores o menores problemas, pero estamos cumpliendo lo que hemos prometido. Los empleados públicos tienen que estar tranquilos».

A plazos

Por tanto, sólo quedan dos interrogantes por resolver: cuándo y de qué manera se pagará. El Gobierno no sabe aún si será en uno o dos plazos y tampoco si podrá hacerlo en el primer semestre del año, como era su intención inicial.

De hecho, el bipartito ya abonó, el pasado mes de noviembre, un cuarto de esa extra, pero los grupos de la oposición PP, Podemos y Ciudadanos se unieron en el Parlamento para forzarle a pagar el resto durante el primer trimestre de este año. La propuesta salió adelante, dejando en evidencia la minoría regionalista y socialista en la Cámara, pero desde Peña Herbosa ya anunciaron que sería imposible cumplir con ese plazo.