El Gobierno regional prepara un plan contra el fraude fiscal y la economía sumergida

El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha este mismo año un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que en Cantabria llega a suponer un 22% del PIB y suma unos 2.650 millones de euros. El objetivo es informar y concienciar al ciudadano de su obligación de pagar impuestos para así poder dedicar más recursos a labores sociales y servicios a la población. Pero si la persuasión no consigue reducir las prácticas ilegales se pasará a la acción redoblando las inspecciones, para lo que se ampliará el personal de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) y, en última instancia, se aplicarán con rigor las sanciones que ya existen por ley.

Así lo anunció este martes el director de la ACAT, Pedro Pérez Eslava, durante un debate sobre la economía sumergida celebrado en la Cámara de Comercio. La medida se pondrá en marcha en colaboración con las asociaciones profesionales y los agentes económicos y sociales. Pérez Eslava explicó, en un encuentro previo con los medios de comunicación, que el borrador estará listo antes del verano. Será entonces cuando se presente a los diferentes colectivos para que aporten sugerencias.

El documento será «flexible» y su objetivo prioritario es combatir esta «lacra». Estará basado en el «civismo» contra el fraude, lo que implica concienciar a la población de la importancia de cumplir sus obligaciones tributarias para evitar «un problema de todos».

Un estudio del profesor de Economía de la Universidad de Cantabria, David Cantarero, que se expuso en el debate, refleja que la economía sumergida facturó en la región 2.657 millones de euros en 2014, un 22,4% del PIB. Esta cifra se sitúa por encima del presupuesto regional para este ejercicio, que asciende a 2.464 millones, y un poco por debajo de la deuda autonómica.

Y, pese a ello, no es la comunidad más afectada por estas prácticas insolidarias. Cantarero explicó que las regiones del norte están en mejor situación que las del sur. En Andalucía, con elevadas tasas de paro, el peso de las bolsas de ilegalidad rondan el 30%.

El plan antifraude se articulará en tres ejes: facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, educar a la sociedad «en civismo» y, finalmente, «algo que queremos evitar», dijo Pérez Eslava, perseguir las prácticas fraudulentas aplicando las medidas y sanciones previstas. La medida se completará con más medios materiales y tecnológicos para combatir el fraude fiscal, así como potenciando la formación de los empleados públicos.

Más inspectores

El responsable de la Agencia Tributaria no pudo precisar con cuántos efectivos se aumentará la plantilla actual, integrada por un centenar de personas, ya que «dependerá de las disponibilidades presupuestarias». De momento, no se ha hecho ninguna estimación económica de lo que se prevé recaudar con este plan, cuyo cometido es que la gente «cumpla» con sus obligaciones tributarias para evitar que conductas fraudulentas generen desigualdades.

El anuncio del plan para luchar contra el dinero negro por parte del responsable de la ACAT fue corroborado por el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, que aseguró que contendrá «medidas efectivas» para mejorar la recaudación de los impuestos cedidos a la comunidad autónoma. A su juicio, se trata de un problema «general» que en Cantabria, aunque «se está por debajo de la media tenemos que atajar».

Sota recordó que ya anunció este plan en la presentación de los presupuestos regionales y resaltó que uno de los objetivos del Gobierno es la participación de las administraciones y «todos los entes públicos y privados posibles». «La lucha contra el fraude es una labor de todos», resumió, a la vez que recordó que la Universidad se está colaborando también para elaborar medidas de tipo tributario, «no de subida de impuestos sino normativas que hagan más difícil defraudar en Cantabria», recalcó el consejero. En este mismo sentido, Cantarero no dudó en considerar que la presión fiscal cántabra es «excesivamente elevada», en especial en lo referente al IRPF.

En el debate participó, en representación de CEOE-Cepyme, su vicepresidente Javier Rodríguez, que abogó por una flexibilidad en la normativa, tanto fiscal como laboral, para que las empresas, sobre todo las más pequeñas, puedan sobrevivir.

En relación a los papeles de Panamá, el director de la ACAT consideró «difícil» definir si constituyen evasión o fraude, por lo que abogó por que actúe la Justicia. Apostó por combatir tanto la«gran evasión» fiscal como el «pequeño fraude», aunque admitió la posibilidad de que haya que hacer «correcciones» en la actual normativa tributaria.