Cantabria recurre ante el Supremo la norma que prohibe a las enfermeras recetar medicamentos

El Gobierno de Cantabria ha recurrido ante el Tribunal Supremo la normativa que recogía expresamente que las enfermeras no podían recetar medicamentos, algo que hasta ese momento se hacía de forma alegal porque no estaba regulado. Ese nuevo real decreto que tenía por finalidad regular una situación hasta ese momento sin una norma clara es el que la comunidad ha recurrido ante la Sala de los Contencioso Administrativo.

Desde el primer momento la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria mostró su "completo desacuerdo" con el contenido del Real Decreto 954/2015 en el que se abordaba la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de enfermería. Ahora el Boletín Oficial del Estado da cuenta del recurso y abre un plazo de nueve días para que los interesados se personen en el proceso. El Consejo General de Enfermeria (CGE) también lo tiene recurrido

Este cambio normativo puso en pie de guerra a la profesión enfermera porque el objetivo era regular la práctica asistencial que de forma alegal ya se hacía en consultas y, sin embargo, acabó prohibiendo la indicación de medicamentos por parte de este colectivo. Concretamente se especifica que, salvo para dispensación de productos sanitarios (vendas, pañales, sondas...) y fármacos de venta libre, cada paciente necesitará una prescripción individualizada de su médico. Eso implica, por ejemplo, que si se aplicara a rajatabla el decreto las enfermeras no podrían administrar vacunas o decidir sobre una cura sin que lo autorizase el facultativo.

Tanto desde el Colegio de Enfermería de Cantabria como desde el sindicato mayoritario del sector (Satse) se criticó la medida al considerarse un "retroceso total". A su juicio, esta medida entorpece el funcionamiento actual del Sistema Nacional de Salud, que aumenta la burocracia en las consultas, dificulta la continuidad de los cuidados y la eficacia del sistema aumentando de manera inadecuada la carga de trabajo de los médicos.

También la consejera de Sanidad, María Luisa Real, mostró su rechazo ante "esta irresponsable decisión que puede originar una crisis en la estructura organizativa asistencial con el riesgo de paralización del sistema, que solo puede ser paliada por el sentido de responsabilidad del colectivo enfermero". Para Real, el decreto "no responde" a los criterios generales presentados al Consejo Interterritorial y "contraviene" lo aprobado por unanimidad en las Cortes Generales en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios en 2009.