Los servicios jurídicos del Gobierno avalan el vertido de basura de Gipuzkoa en Meruelo

El informe jurídico emitido el pasado 29 de abril y rubricado por José Manuel Ríos, jefe de la Asesoría Jurídica del departamento afectado explicita que no se incumple norma ni ley alguna. De ahí que legalmente otorgue el visto bueno al primer convenio firmado en febrero entre Gipuzkoa y Cantabria, para verter de forma provisional 43.000 toneladas (ya asumidas y recibidas), y por extensión a una ampliación del acuerdo; un nuevo contrato que ahora se prevé que se prolongue durante 18 meses, mediante la prestación de un servicio que supondría recoger 128.000 toneladas de basura y el ingreso en las arcas regionales, vía empresa pública, de 9,3 millones de euros.

El dictamen jurídico fue solicitado en su día por la propia Dirección General de Medio Ambiente de Cantabria con la intención de tener las máximas garantías de «legalidad» de la decisión. Tanto ese informe como el resto del expediente administrativo, que incluye no menos de ocho documentos, será remitido hoy mismo al Parlamento de Cantabria para que obre en poder de los grupos políticos. En todos los casos, los informes son favorables al acuerdo de colaboración entre administraciones, definido de forma reiterada por la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, como «un auxilio ante un SOS lanzado por una provincia vecina».

En el escrito jurídico se expone que un vertido de residuos de la llamada fracción resto en Meruelo, vertedero gestionado por la empresa pública Mare, cumple todos los preceptos legales. Además, se explica que la normativa nacional avala que una región pueda acudir en auxilio de otra, ya que la ley asume y promueve que instalaciones de otros territorios puedan acoger desechos de fuera de su autonomía. Se subraya, de forma textual, que la «red de tratamiento» que debe crear el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con la autonomías contempla «que se deberá permitir la eliminación de residuos o su valoración en una de las instalaciones adecuadas más próximas, mediante la utilización de las tecnologías y los métodos más adecuados», siempre con el propósito de asegurar un nivel idóneo de protección del medio ambiente y la salud pública.

Ley estatal

En base a esa reflexión legal, los jurídicos afirman que la propia ley estatal da luz verde a los traslados dentro del territorio nacional de los «residuos domésticos mezclados destinados a valoración», siempre que se materialicen «teniendo en cuenta los principios de proximidad y autosuficiencia». En todo caso, se recuerda que la respuesta afirmativa procede de una petición «de un ámbito territorial ajeno», pero se motiva «en la necesidad de dar una solución urgente a la situación actual de residuos urbanos en Gipuzkoa».

Entre la documentación que hoy se entregará en el Parlamento también se incluye un informe sobre la capacidad actual de Meruelo, hasta el extremo de que «se ha medido de nuevo la instalación», tal y como confirmaron ayer fuentes oficiales deMedio Ambiente. Un paso que permite asegurar que aceptando los residuos procedentes de Gipuzkoa la vida útil del vertedero cántabro se resentirá en un año y siete meses, por lo que el tiempo real para llegar a su colmatación quedaría fijado en los quince años y medio.

El documento de la Asesoría Jurídica revela que dado el carácter tratado y sometido a triaje de los vertidos de Gipuzkoa no se infringe ninguna normativa que afecte a la capacidad de Meruelo en la recepción de residuos. Serán, se apunta, desechos que llegarán cribados. Se destaca que esa basura es sometida previamente a una selección y una segregación efectiva. Es más, el informe destaca que la provincia a la que se auxilia «es un referente nacional» en el proceso de recogida selectiva, que llega a incluir «el quinto contenedor, la recogida puerta a puerta y sistemas selectivos». Dicho de otro modo, «el porcentaje reciclable de la fracción resto (la que ya está recibiendo Meruelo) es muy bajo, al ser muy efectiva la selección en origen del total de los residuos de la provincia». Se añade que los chequeos y documentos demuestran que desde la provincia emisora se procede a un tratamiento previo de los desechos «consistente en la compactación inicial en la recogida en baja y la compactación inal en el vehículos de piso móvil».

Una valoración y triaje previos fundamentales, ya que Mare no tiene posibilidad material para acometer esos trabajos por razones de «higiene y seguridad». Ese criterio también es suscrito por un informe técnico interno de la propia empresa pública que igualmente da vía libre al acuerdo y renuncia expresamente a un «posible tratamiento integral, que incluyera una valoración energética», e incluso tampoco asumiría «un tratamiento parcial», que «se desaconseja». De ahí que se asuma sin riesgo alguno y en base a la legislación vigente el tipo de residuos a recibir procedentes de Gipuzkoa.

Solicitud de prórroga

El acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y la Diputación de Gipuzkoa fue suscrito en febrero y finaliza el día 8. Hasta ahora Meruelo ha recibido 43.000 toneladas por las que ha recibido cerca de 4 millones de euros (a un precio de 94,93 euros por tonelada). Ahora, desde el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) se solicita una prórroga que se extendería hasta finales de 2017. En concreto se requiere verter en la instalación cántabra otras 48.000 toneladas este año y 80.000 adicionales durante el ejercicio de 2017.

De aceptarse la renovación, desde la institución vasca se pide una rebaja en el precio que pasaría a ser, si se acepta su propuesta, de 85,19 euros por tonelada. En total, la Diputación de Gipuzkoa estima que el gasto por derivar sus desechos hasta Cantabria puede ascender a 19,2 millones de euros (depósito más traslado).

Los residuos que llegan ahora a Meruelo son depositados directamente al vertedero y aplastados de inmediato por compactadoras que se encargan de que la basura ocupe el mínimo espacio posible.