La 'Operación Centaurus' se cierra con un único condenado a solo dos años y medio de cárcel

La Operación Centaurus, que supuso la desarticulación de una trama de prostitución e inmigración clandestina de mujeres rumanas en dos clubes de alterne de Polanco y Rumoroso, se ha desinflado en los tribunales diez años después. La intervención policial se saldó con diez detenidos, entre ellos el supuesto cabecilla de la organización, pero sólo siete fueron procesados y únicamente cuatro se sentaron en el banquillo. Y aunque el fiscal solicitó en el juicio penas que sumaban 89 años de cárcel, el proceso se ha saldado con un único condenado, Ángel Uriarte, el dueño de los burdeles, que cumplirá una pena mínima, dos años y medio de prisión. Teniendo en cuenta que sufre una enfermedad grave y que carece de antecedentes penales es más que probable que ni siquiera ingrese en la cárcel.

Sus compañeros de banquillo, el lugarteniente y los dos esbirros del jefe, según las funciones que les atribuyó el fiscal, han salido airosos y con su hoja penal limpia. ¿Por qué se desinfló el soufflé en sede judicial? La causa hay que buscarla en el tiempo transcurrido y la ausencia de dos de las tres testigos de cargo de la acusación. Diez años después de la operación, dos de las chicas rumanas que denunciaron en la Comisaría de Torrelavega que fueron retenidas y obligadas a prostituirse desaparecieron y no comparecieron a la llamada del tribunal para declarar como testigos. Sólo una tercera lo hizo por videoconferencia desde Rumanía, y ha sido precisamente su testimonio el que ha servido a la Audiencia de Cantabria para condenar al proxeneta, propietario de los negocios.

El caso fue perdiendo fuelle con el paso de los años. Dos de los siete encausados se fugaron y fueron declarados en rebeldía por lo que ni siquiera llegaron a juicio. Y un tercero fue enjuiciado en su país, Rumanía, por estos mismos hechos, lo que obligó al fiscal a retirar la acusación.

El tiempo también ha supuesto un lastre a la hora de imponer la pena al único condenado. El tribunal se ha visto obligado a aplicar las dilaciones indebidas como atenuante muy cualificada, lo que en la práctica ha supuesto reducir a la mínima la sanción. Se tardó más de una década en celebrar el juicio, y solo en cumplimentar una comisión rogatoria a Rumanía discurrieron cuatro años, reconoce ahora la Audiencia en la sentencia. El tribunal declara probado que en septiembre de 2005, Arpad B., el ciudadano rumano que fue juzgado y condenado por estos hechos en su país, reclutó a seis mujeres compatriotas, a las que ofreció un trabajo digno en España, y las trasladó en un autobús hasta el club Holliday de Rumoroso. Durante el trayecto, quedó en una cafetería con Ángel Uriarte, a quien le presentó a la única testigo protegida que declaró en el juicio. Nada más llegar al prostíbulo, la mujer tuvo que firmar un reconocimiento de deuda de 2.500 euros con el cabecilla por haberla traído a España, una cantidad que debía saldar con servicios sexuales. La primera noche se negó y no las tuvo, y el segundo día intentó huir sin conseguirlo. Pero días después, la mujer, que no llegó a prostituirse, logró escapar y denunció los hechos.

Otras dos testigos protegidas huyeron también y prestaron declararon ante el juez, pero sus testimonios no han sido tenidos en cuenta ahora por el tribunal, ya que en ese acto solo estuvo presente el juez y el fiscal, y no las defensas de los acusados. Ninguna de ellas acudió al llamado de la Audiencia para declarar en el juicio. La única testigo que lo hizo identificó solamente a uno de los cuatro procesados. Reconoció a Ángel Uriarte, el dueño de los clubes, como la persona que la encerró en el prostíbulo y la amenazó de muerte. Ahora, el condenado la tendrá que indemnizar con 4.000 euros.