Juntar los polos
El Gobierno deberá extremar los controles técnicos, sanitarios y medioambientales para que el depósito de residuos se ajuste plenamente a la legalidad
Jesús Serrera
Martes, 10 de mayo 2016, 07:10
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Jesús Serrera
Martes, 10 de mayo 2016, 07:10
Cinco horas de discusión sobre el único punto de los vertidos de basura guipuzcoana en Meruelo. La misma fórmula del Debate sobre el Estado de la Región para un asunto que ni siquiera requería el aval del Parlamento porque no se trata de un ... acuerdo entre comunidades autónomas, sino de un simple convenio entre empresas públicas. Pero cuando se suscitó la polémica los partidos de la oposición reclamaron la intervención de la Cámara y también lo prefería así el PRC, muy poco entusiasmado con la iniciativa tomada por los socios del PSOE en auxilio de la empresa pública Mare.
Finalmente, el vertido de residuos de Guipúzcoa ha tenido en el Parlamento una escenificación inesperada. Con su habitual cintura, el Ejecutivo PRC/PSOE ha logrado sacar el convenio adelante con el apoyo de Ciudadanos y de paso juntar a los dos polos opuestos del hemiciclo, PP y Podemos, en una coincidencia que resulta bastante incómoda para ambos, sobre todo cuando ni siquiera podían ganar la votación.
El PSOE, a través de su portavoz, Silvia Abascal, se cebó especialmente con el principal adversario electoral, el partido de Pablo Iglesias, al que reprochó que en este tema ahora ya no le interesase tanto traer la voz de la gente al Parlamento y que no apoye la precaria estabilidad de la plantilla de Mare, que sí defienden comité de empresa, sindicatos y CEOE.
Más allá del rifirrafe político, importan los efectos del acuerdo con Guipúzcoa en el medio ambiente, la salubridad y la vida útil de Meruelo. La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos certifica el rigor ambiental y asegura que apenas afectará al plazo actual que llega hasta 2033, con una posible ampliación de diez años más. Pero Ignacio Diego (PP) y Verónica Ordóñez (Podemos) sostienen, entre otros argumentos, que los residuos de Guipúzcoa no son sometidos a un exhaustivo tratamiento previo, lo cual, además de ser ilegal, reduciría la fecha de caducidad.
Este aspecto esencial no puede quedar en una nebulosa al terminar el debate parlamentario, sino que el Gobierno deberá extremar los controles técnicos, sanitarios y medioambientales para que el depósito de residuos se ajuste plenamente a la legalidad.
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