Industria reactiva el proyecto de la fábrica de cosméticos tras los reparos de Medio Ambiente

La Dirección General de Industria, dirigida por el regionalista Raúl Pelayo, ha reactivado la tramitación del proyecto para construir un centro dedicado a la producción de cosméticos en Villaescusa, promovido por la empresa Industrial Farmacéutica. El Gobierno de Cantabria ha vuelto a sacar esta iniciativa a información pública después de que la promotora atendiese a los reparos presentados por los técnicos de Medio Ambiente (departamento bajo la responsabilidad del PSOE), que exigieron una modificación. La propia vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, tuvo que tomar cartas en el asunto el pasado 11 de marzo para garantizarles que todos los trámites iban a estar listos en cuatro meses.

Esta apuesta en Cantabria se materializará con la construcción de una planta de cosméticos innovadora, de 7.000 metros cuadrados, «que aprovechará recursos minerales y naturales en una simbiosis perfecta de calidad e innovación». El extracto del helecho Polypodium leucotomos, ingrediente patentado clave en los fotoprotectores Heliocare, y la secreción y huevos de caracol, con las patentes de la compañía, serán dos principios naturales que se producirán en este nuevo centro que incorporará como recurso adicional aguas termales.

El proyecto se iba a inaugurar en 2018, aunque es probable que se retrase al tener que comenzar de nuevo su tramitación. Está prevista una inversión de 20 millones de euros y la creación de un centenar de empleos. Los técnicos de Medio Ambiente consideraron hace dos meses que este proyecto «cambia sustancialmente» con la idea inicial para el desarrollo de un balneario, aunque el resto de implicados cree que, en la práctica, solo se modificaba el aprovechamiento del manantial, algo que no es «sustancial». Con este trámite que acaba de publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, Industria pone el contador a cero con la idea de que la empresa pueda ponerse en marcha «lo antes posible», aunque fuentes de la Consejería no se atreven a adelantar fechas porque este documento, de nuevo, tendrá que someterse al control ambiental de los técnicos de Medio Ambiente.

Duro informe

Cuando se bloqueó el proyecto, desde Vicepresidencia del Gobierno aseguraron que esta decisión de su departamento era una mera «cuestión técnica» para dotar al proyecto «de todas las garantías jurídicas». Sin embargo, en un duro informe de siete páginas, adelantado en marzo por este periódico, sus autores enmendaron la plana mayor a sus compañeros de Industria e incluso cuestionaron que la licencia «esté en vigor». El documento afea a sus compañeros de Ejecutivo al asegurar que la autorización concedida, según la Ley de Minas, estaría «caducada». Se basa en que las obras de aprovechamiento, que se concedieron el 11 de octubre de 2013, no se iniciaron cuando este permiso tenía un plazo de seis meses para iniciar los trabajos. Desde Vicepresidencia alegaron entonces que se trataba «de un error» de los funcionarios que lo habían redactado e insistieron en que en Industria hicieron bien su trabajo.

El departamento que dirige Miguel Ángel Palacio cree que es necesaria «una nueva autorización del aprovechamiento del recurso minero, ya que la modificación o ampliación podría verse comprometida por el hecho de que en realidad lo pretendido nada tiene que ver en común con el proyecto actual ni en cuanto a la actividad, ni las infraestructuras, ni servicios necesarios, ni envergadura». A juicio de los técnicos, tampoco comparte el emplazamiento geográfico, ni la cantidad de recurso a utilizar el caudal otorgado es de 7,4 litros/segundo y la nueva documentación maneja cifras de 35 litros/ segundo.