¿Por qué Cantabria no cumple con el déficit?

La economía también entiende de modas. Hace ocho años, cuando la crisis bajó de los rascacielos de Wall Street y sus efectos empezaron a palparse en la calle, la prima de riesgo abría todas las ediciones de los telediarios. En el momento más álgido de la recesión, a mediados de 2012, los inversores llegaron a exigir a España un 6,38% más de interés que a Alemania para comprar deuda pública. Esto nos llevó al límite del rescate. Ese del que no se libraron Grecia ni Irlanda.

Sólo hace menos de tres años, la famosa prima se relajó, fue abandonando espacio en los medios y hoy, cuando la diferencia con Berlín es sólo de 148 puntos, ya nadie habla de ella. Los focos mediáticos iluminan ahora al déficit.

Una palabra popularizada por Bruselas y por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que los políticos tienen siempre en la boca. La leemos todos los días en los titulares de los periódicos, pero ¿sabemos realmente qué significa? ¿cómo afecta a la vida diaria de un jubilado, un fontanero, un funcionario o un estudiante? Y, sobre todo, ¿por qué Cantabria, como le ocurre al Estado y el resto de comunidades, no es capaz de cumplir, año tras año, los objetivos marcados a pesar de los recortes?

Algo que la Administración practica desde hace décadas y que también sucede en muchos hogares: gastar más de lo que se ingresa. Cuando una familia gana 2.000 euros mensuales y gasta 2.500, tiene un déficit de 500 euros. Parece inviable vivir así sin entrar en quiebra, pero hay maneras de lograrlo. Por ejemplo, con una tarjeta de crédito o un préstamo bancario que nos permita abonar esas pérdidas a plazos, retrasando el pago de las facturas o, simplemente, rompiendo la hucha y echando mano de los ahorros. A todas ellas acuden, por igual, familias y gobiernos.

La cifra se calcula cada año en relación con el Producto Interior Bruto. Por eso, un 0,1% de déficit en nuestra región equivale en estos momentos a 12 millones de euros. Montoro obligó a la comunidades a cerrar el año pasado con un 0,7% máximo, pero Cantabria lo hizo en un 1,38%. Es decir, gastamos 165 millones de euros más de los que ingresamos. Ante la rebelión de todas las autonomías por la imposibilidad de cumplir con los objetivos marcados por Bruselas y el Ministerio de Hacienda, las aspiraciones para este año se han relajado y, en lugar del 0,3% previsto, serán del 0,7%.

Con la ayuda de la deuda, que ha crecido exponencialmente durante la crisis. Hace cinco años, Cantabria debía a los bancos y al Estado 1.293 millones de euros. Ahora esa cifra es de 2.691 millones. Con todas las comunidades acudiendo en masa a las entidades bancarias para conseguir liquidez durante los últimos años, el Estado se dio cuenta del riesgo y decidió cortar el grifo. Los bancos quedaron vetados para los ayuntamientos y creó su propio sistema de préstamos, con mejores condiciones que el mercado, para las regiones. Por eso, del total de la deuda cántabra, el 58% pertenece al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que el año pasado se pagó con interés cero, y los dos próximos años será sólo del 0,8% para las comunidades que sigan sin cumplir el objetivo de déficit. Para las que sí lo hagan, el premio será seguir en el 0%.

Cantabria cerró aquel año con un déficit del 1,6%, sobrepasando la frontera del 1% dibujada desde La Moncloa. Según el PP, que gobernaba por entonces en la región, el problema fueron las previsiones contables de empresas públicas que ascendieron a 18 millones, y las obras de Valdecilla. La comunidad paga siete millones al año, durante las dos próximas décadas, por la ejecución de los trabajos del hospital, pero el Estado tiene una curiosa forma de reflejarlo en los papeles. En lugar de declarar solo esos siete millones, contabiliza de golpe el valor de las obras ejecutadas cada año. Es decir, el coste real de lo que se avanzó en la construcción en 2014 fue de 42 millones, y así constó para el déficit en las cuentas, en lugar de fraccionarlo en distintos años. Cantabria no se gastó ese dinero, pero sí computó como que lo había hecho.

Al ser último año de legislatura, el Gobierno de la región estuvo repartido entre el PP y el bipartito. Y, de nuevo, se superó el objetivo, esta vez en casi el doble. Según el actual consejero de Economía, Juan José Sota, el incumplimiento se debió a una menor recaudación de lo previsto, una infradotación de las partidas presupuestarias, la asunción de gastos sobrevenidos por decisiones políticas 9 millones del abono del 25% de la paga extra de los funcionarios de 2012 y 24 millones de los fármacos de la Hepatitis C y la contabilización de lo que llamó «déficit oculto» 51,4 millones del contrato público privado de Valdecilla.

Oficialmente, no. Oficiosamente, sí. De hecho, la AIReF, un organismo independiente encargado de fiscalizar a las comuniades y al Gobierno central, hace todos los años unas previsiones que superan las anunciadas por los ejecutivos regionales y les obliga a realizar planes de ajuste. Esto ocurre porque las autonomías suelen retocar sus gastos e hinchar sus ingresos. Por ejemplo, el año pasado, el Gobierno cántabro dijo que el gasto de personal sólo sería de 819 millones, cuando en realidad fue de 850. Y en cada ejercicio se incluye una partida de ingresos de entre 55 y 30 millones de euros por la venta de los mismos inmuebles que nunca terminan de colocarse.

Sota dijo que el Presupuesto se hizo para cerrar el año con un 0,3% y, ahora, está convencido de que podremos cumplir con el 0,7%, aunque en la oposiciónnadie se cree estas previsiones. Este mayor relajo en las exigencias no supondrá, además, que el Gobierno cuente más dinero para inversiones, para pagar la extra de los funcionarios o para financiar los servicios sociales y la sanidad. El presupuesto es el que es y no se puede tocar. Lo que sí llegarán son 50 millones de euros más del FLA, pero con un uso muy limitado: sólo para pagar facturas con proveedores y deudas bancarias.

En el Plan de Ajuste que Cantabria ha enviado a Madrid no se incluye ningún recorte. El informe de la AIReF calculaba para Cantabria un 0,8% de déficit, pero era necesario que fuese del 0,6% para que la media de todas las comunidades españolas no sobrepasara el 0,7%. Es lo que llaman el déficit asimétrico: exigencias distintas para lograr un objetivo común. Y de ahí los 25 millones de euros, 12 por cada 0,1% de desviación. Pero Montoro dijo que no, que cada región debía cumplir por igual con el 0,7%. Por eso, Sota entiende que Cantabria está en el entorno del cumplimiento y, oficialmente, no prevé recortar.