Podemos pide que el plan contra el fraude sea diseñado por técnicos de Hacienda

Son algunas de las medidas que plantea Podemos es una proposición no de ley que ha registrado en el Parlamento para que sea debatida en el último pleno del mes de mayo. El diputado José Ramón Blanco ha subrayado, en rueda de prensa, que es imprescindible tomar medidas "eficaces" contra el fraude fiscal, que en Cantabria alcanza el 22,4 por ciento del PIB regional, según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, y en España se sitúa entre el 20 y el 25 % de la riqueza nacional.

Para Podemos, además de mermar la recaudación y por tanto la capacidad de hacer políticas públicas, el fraude reduce la equidad, teniendo en cuenta que, también según Gestha, el 72 por ciento de sus responsables son las grandes fortunas y empresas, y la "legitimidad" social del sistema fiscal. Según ha recordado Blanco, el 70 por ciento del presupuesto autonómico proviene de los impuestos que gestiona el Gobierno regional y de las aportaciones que recibe procedentes de los impuestos estatales.

A juicio de Podemos, para que el plan que ha anunciado el Ejecutivo resulte "creíble" es imprescindible la coordinación entre la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y la Agencia Estatal con el fin de abordarlo en el IVA y el IRPF y, por otra lado, que se cuente fundamentalmente con los técnicos de Hacienda, "despolitizando sus contenidos y otorgándoles un carácter más técnico y efectivo y real".

En su iniciativa plantea también la creación de un grupo de trabajo para detectar bolsas de fraude y diseñar actuaciones concretas para combatirlo, así como medidas que corresponden al Gobierno de la nación.

Así, se insta al Gobierno de España a redefinir las exenciones, la escala de gravamen, las reducciones, las bonificaciones y las deducciones del impuesto de sucesiones con el fin de evitar la "indeseable competencia fiscal entre comunidades", que para Podemos facilita "la escasa o nula tributación de los grandes patrimonios".

También se le insta a que la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado se centren "a corto y medio plazo" en combatir el fraude y el blanqueo de capitales y en controlar el gasto público y de las subvenciones en las grandes empresas, autorizando a los 8.000 técnicos con los que cuenta el Ministerio de Hacienda a asumir "mayores responsabilidades en su aplicación".