La Ley de Transparencia obligará a publicar los gastos y los viajes de los cargos públicos

La Ley de Transparencia de Cantabria obligará a publicar las remuneraciones, prebendas y ventajas de los gestores públicos, incluidos los viajes que realicen en el desarrollo del cargo. Así se recoge en los artículos 23 y 24 del anteproyecto, cuyo periodo de alegaciones acaba de terminar, y en el que se incluye que se harán públicas las «retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de cargos públicos, incluidas cualesquiera dietas e indemnizaciones, con indicación expresa de los diferentes conceptos retributivos y el importe de los gastos de representación de los que haya hecho uso». Todo queda recogido en un documento de 48 artículos que va más allá de los mínimos marcados por la normativa nacional, aprobada en 2013, e impondrá sanciones muy duras a los altos cargos que incumplan, obstaculicen o se retrasen en la aportación de los documentos que la ley recoge o que soliciten los ciudadanos. Los castigos irán desde multas económicas hasta la destitución del cargo, en los casos más extremos.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el director general de Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, zanjaron así la polémica abierta por Ciudadanos y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander, que ha presentado una moción al respecto para debatirlo en el próximo pleno municipal. Ambos reconocieron que el documento, que es público desde hace semanas, ya contempla «lo fundamental» de esta solicitud. Defendieron que el texto establece una obligación y un principio y luego se podrá «establecer un desarrollo». A su juicio, una ley no está para «bajar al detalle» y recoger si un cargo público recibe una tableta, un móvil o un abono del Racing, «pero evidentemente engloba dentro de esas retribuciones».

Sin querer entrar en polémicas, «porque ni tiene sentido ni es positiva para nadie», el consejero mostró su «sorpresa» porque el PP de Santander lleve al pleno una moción para que la ley recoja la obligación de hacer públicos los viajes y dietas de los cargos públicos del Gobierno regional, ya que no ha recibido ninguna alegación de este Consistorio cuando el propio De la Sierra mandó personalmente el borrador de la ley al Ayuntamiento por si quería hacer algunas aportaciones. El alcalde de la capital, Íñigo de la Serna, esperó a que acabara el periodo de alegaciones de esa Ley de Transparencia para exigir lo mismo que el pasado lunes pidió Ciudadanos.

«La moción que apruebe el Ayuntamiento la veremos, la analizaremos, se valorará en el Parlamento pero lo fundamental está en la ley», insistió finalmente De la Sierra, quien no tiene tan claro que se puedan publicar las agendas por la ley de propiedad de datos. En cualquier caso, se consultará y si el Consejo de Transparencia y los servicios jurídicos, quienes han escrutado pormenorizadamente la norma, dan el visto luz verde, se hará.

En cuanto a los pasos a dar a partir de ahora y una vez finalizado el periodo de información pública y presentación de alegaciones, el consejero indicó que en un plazo «muy breve», de «no más de una semana», se modificará el texto con la incorporación de «una buena parte» de esas sugerencias aportadas, algunas de ellas formuladas por entidades como la Universidad de Cantabria, el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), el sindicato UGT, la Federación de Municipios y la Federación de Entidades Locales Menores y Junta Vecinal de Bolmir.

Alegaciones

Sobre las sugerencias planteadas, el consejero avanzó que «probablemente» se incorporarán las relacionadas con actuaciones ambientales; la publicación de informes emitidos por la Intervención General pero teniendo en cuenta, eso sí, que la Agencia de Protección de Datos pide que se respeten cláusulas de confidencialidad; mayor claridad en los criterios de clasificación de los contratos menores y también en la publicación de los procesos de selección de personal, para que haya «absoluta transparencia» en este tema.