El delegado del Gobierno no explicará en el Parlamento las abultadas cifras de la Ley Mordaza

El delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, no comparecerá en el Parlamento para explicar cómo se está aplicando en Cantabria la Ley Mordaza. Según fuentes del Ministerio de Interior, desde que la normativa entró en vigor, se han tramitado en la comunidad 3.320 sanciones, que han derivado en 551 multas por cada 100.000 habitantes, lo que significa que Cantabria multa 61 veces más que Madrid o 110 veces más que Cataluña.

Ante lo abultado de estas cifras, todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, aprobaron el pasado mes de abril solicitar a Ruiz su comparecencia a iniciativa de Podemos, que calificó los datos de «alarmantes».

La petición se traspapeló y no se envió hasta la semana pasada. El delegado pidió entonces un informe a la Abogacía del Estado y el viernes declinó su asistencia al Parlamento por carta.

Ruiz recuerda en la misiva que la Delegación del Gobierno está sometida al control político de las Cortes Generales, mientras que el ámbito de actuación del Parlamento de Cantabria se limita a los órganos regionales. «Los delegados del Gobierno no están obligados por el deber de comparecencia ante las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y por ello le comunico mi no comparecencia ante la Comisión de Presidencia y Justicia», se puede leer en la carta a la que ha tenido acceso este periódico.

El PP está de acuerdo con esta decisión y, en su día, descalificó la petición realizada por el resto de los grupos. «Las instituciones no son el escenario de una comedia y tampoco la pista de un circo», señaló la diputada Isabel Urrutia.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, que ya sabía en aquel momento que el delegado no estaría obligado a comparecer, opinó que sería razonable que lo hiciera para explicar el por qué de los datos y así los grupos pudiesen hacer una valoración. La socialista Silvia Abascal fue más dura y criticó que la Ley Mordaza «recorta libertades y rompe el espíritu de la Constitución».

Por su parte, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Depresión (Libres) ha exigido al delegado del Gobierno que demuestre su carácter democrático y cumpla con su deber de transparencia como cargo público compareciendo de forma voluntaria en el Parlamento de Cantabria. La ley no le obliga, pero tampoco se lo impide. Hay una obligación política, democrática y ética de dar explicaciones a la ciudadanía ante la desproporcionada aplicación de una ley que ya de por sí es lamentable, ha destacado Manuel Corbera, uno de los miembros de Libres, al terminar la asamblea mensual de esta plataforma ciudadana.