El Gobierno abona 1,7 millones de euros de la deuda con el Consorcio de Piscinas

El Gobierno de Cantabria ha procedido al pago de la segunda anualidad al Consorcio de Infraestructuras Deportivas, facilitando con ello la apertura en los próximos meses de las instalaciones de Colindres, Pesués (Val de San Vicente) y Latas (Ribamontán al Mar). Las consejerías de Economía y Educación, en manos de los socialistas Juan José Sota y Ramón Ruiz, abonaron hace unos días 1.775.000 euros que el Ejecutivo regional se comprometió a sufragar para desbloquear la deuda que existía con la constructora Ascán, encargada de ejecutar las obras. De forma paralela, el Consejo de Gobierno anuló la semana pasada el convenio plurianual firmado por el bipartito PRC-PSOE en su anterior etapa para «desatascar el conflicto que existía», según recalcaron desde el Ejecutivo. Acordó también hacer frente a las obligaciones pendientes «con subvenciones nominativas directas en 2017 y 2018».

El Ejecutivo reconoce el trabajo conjunto que se ha realizado con los ayuntamientos para desbloquear la situación y lamenta que «con una inversión de 13 millones, estas instalaciones estuviesen cerradas y no tuvieran la oportunidad de disfrutar de ellas los vecinos de estos municipios». Los tres consistorios afectados, que llevan ya meses trabajando en los pliegos para sacar a concurso y externalizar algunos servicios, confían en poder abrir las instalaciones en septiembre, «con el comienzo del curso escolar», aunque no se atreven a dar una fecha concreta.

El Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria luego bautizado como Consorcio de Piscinas vio la luz en mayo de 2007, cuando la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria del anterior bipartito PRC-PSOE prefabricó un acuerdo con seis ayuntamientos Colindres, Val de San Vicente, Ribamontán al Mar, Marina de Cudeyo, Torrelavega y Suances para dotarles de otras tantas piscinas cubiertas previa constitución de una sociedad que canalizara la construcción, gestión y explotación de las instalaciones. Aquel acuerdo, que incluía la participación de una empresa privada, se rubricó en el mes de abril de 2008.

Por diversas razones, Marina de Cudeyo, Torrelavega y Suances acabaron descolgándose de un proyecto que depositó todo su peso sobre Colindres, Val de San Vicente y Ribamontán al Mar, ayuntamientos a los que el Consorcio de Piscinas (del que es presidente el alcalde de Colindres, Javier Incera), alisó el tortuoso terreno burocrático. En septiembre de 2009 sacó a licitación las obras y en abril de 2010 adjudicó el contrato de los trabajos a la empresa Ascán.

Todo transcurrió con normalidad hasta que en 2012 se constató un «incumplimiento» del convenio por parte del Consorcio, que había recibido seis millones para la construcción de las piscinas y un primer pago de 802.000 euros para gestión y mantenimiento, a pesar de que no había ninguna instalación en servicio. Y ante la negativa de los ayuntamientos a devolver esa cantidad, la Consejería propuso al Gobierno revocar el acuerdo. El cambio electoral y la vuelta del bipartito hace un año consiguió desenquistar el problema.Los ayuntamientos trabajan ahora en las fórmulas administrativas para sacar los pliegos de gestión de las piscinas.