El Gobierno de Cantabria arma una oficina anticorrupción con expertos independientes al frente

Hace un año, con las botellas de cava desparramándose en la sede del PRC, y todavía caliente el recuento de votos que le abría las puertas para volver a la presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla desveló su intención de crear una oficina anticorrupción. Un órgano de control independiente del Gobierno para recibir, investigar y tramitar directamente las denuncias de los ciudadanos. Un proyecto que no estaba incluido en su programa ni al que había hecho referencia durante las dos semanas de campaña.

Eligió la misma noche electoral, en pleno éxtasis por la pérdida de la mayoría absoluta del PP, para adelantar que la lucha anticorrupción quedaría en manos de un grupo de personas «de moral reconocida y alejadas del Gobierno y los políticos». «Prometo la honradez total. No voy a tolerar que haya un mínimo atisbo de que alguien mete la mano. Eso queda erradicado», aseguró en aquel momento. Ahora, un año después, el presidente ya tiene sobre su mesa el anteproyecto para armar esa oficina y que empiece a funcionar antes de que llegue 2017, según las previsiones del Ejecutivo.

El documento, elaborado por la Consejería de Presidencia y Justicia que dirige Rafael de la Sierra, el hombre de máxima confianza de Revilla y su mano derecha en el partido, destaca dos claves. La primera, que este proyecto no puede hacerse sin dinero, tal y como quería el presidente. Y la segunda, que deberá tener unas raíces jurídicas fuertes, ya que se tratará de un órgano nombrado directamente por el presidente y creado por el propio Gobierno para fiscalizarlo. Se podría dar el caso, como ha ocurrido estos días con Sodercán, de que la cúpula del bipartito saliera en defensa del máximo responsable de una empresa pública frente a las denuncias de irregularidades de la Intervención, por ejemplo, mientras esta oficina lo estuviese investigando al mismo tiempo.

Este organismo servirá de puente entre los ciudadanos y los tribunales. Cualquier persona que tenga indicios o pruebas de que un cargo público o un funcionario ha cometido una ilegalidad podrá denunciarlo en persona, por correo o a través de internet. Las delaciones serán confidenciales, pero deberán llevar obligatoriamente la firma del denunciante. Lo que el anteproyecto no deja cerrado todavía es el ámbito de actuación del organismo. Está claro que incluirá al Ejecutivo y a las empresas públicas, pero existen dudas sobre si tendrá competencia sobre los ayuntamientos.

Secreto de las actuaciones

Todas las reclamaciones pasarán por las manos de dos funcionarios, destinados exclusivamente a este órgano y con una garantía máxima de mantener el secreto de las actuaciones. Al igual que el sistema informático que se utilizará, «muy seguro y encriptado». El anteproyecto hace especial incidencia en este asunto. No en vano, según un estudio realizado en 2013 por Transparencia Internacional, una organización no gubernamental, nuestro país es uno de los pocos europeos sin legislación para denunciantes. «España no ha seguido las recomendaciones y los nuevos derechos que otorgó a los servidores públicos no protegen de represalias a quienes denuncian posibles crímenes», se puede leer en el documento.

Cuando se cierre esta primera fase, más administrativa, llegará el momento de nombrar al consejo de cinco o seis personas no está cerrado el número exacto que estudiará cada caso. A todos ellos los elegirá directamente Revilla, que ya ha empezado a tantear en el mundo judicial y en la Universidad de Cantabria algunos candidatos. El perfil será el de personas independientes, con experiencia en el ámbito de la gestión y de reconocido prestigio.

De momento no han trascendido los nombres, aunque la intención del presidente, según pudo saber este periódico, es incorporar a un magistrado jubilado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, precisamente el órgano encargado de resolver los casos de jurisdicción penal y competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Uno de los nombres que suena con más fuerza en Peña Herbosa es, precisamente, el de Francisco Javier Sánchez Pego, magistrado del Tribunal Supremo desde 2004 hasta su jubilación en 2007. Antes, este experto en Derecho del Trabajo fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria durante siete años.

Dada la escasez de fondos del Gobierno, arañando de todas las partidas posibles para pagar los 18 millones de euros de la extra pendiente a los funcionarios, este grupo de honorables debería trabajar de forma altruista o, como máximo, por una dieta simbólica.

Su primera función será investigar la verosimilitud de los casos remitidos. Un segundo paso consistirá en recopilar información complementaria, ponerse en contacto con los denunciados y comprobar los hechos a través de una auditoría u otro sistema. Ya en una tercera fase, el consejo decidirá qué hacer: convocar una comisión de investigación o, incluso, trasladarlo a la Fiscalía para que dirima si existen indicios suficientes para abrir la vía judicial.

El presidente cántabro tiene previsto adelantar los avances de esta oficina en el Debate del Estado sobre la Región, que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de junio. Lo que aún no está decidido es la vía que el Ejecutivo utilizará para crearla, si a través de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno o lo convierte en ley y se expone a la votación del Parlamento. En ese caso, el bipartito podría contar, al menos, con el apoyo de Ciudadanos.

La formación naranja incluía la apertura de un ente similar en el decálogo anticorrupción que presentó a todos los partidos, hace un año, como condición innegociable para apoyar la formación de gobiernos. En concreto, el punto número nueve: «Exigir la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de cntrol».

Consejo de Transparencia

Otra de las opciones que se ha barajado es vincular un departamento anticorrupción al Consejo de la Transparencia, cuya creación está prevista en la nueva Ley que ya tramita la Consejería de Presidencia. Esta opción sería más práctica y supondría menos riesgos, pero también se alejaría de la idea que maneja Revilla. Este consejo estará formado por políticos y técnicos de la dirección jurídica del Ejecutivo, diputados del Parlamento, miembros de sindicatos y funcionarios estatales de la Agencia de Protección de Datos.

Su misión será resolver las reclamaciones de los ciudadanos por los incumplimientos de la Ley de Transparencia. De momento, el Gobierno de Cantabria ha delegado esta función en el órgano nacional, al igual que otras comunidades, como Asturias y Castilla La Mancha, y destinará 6.200 euros a su funcionamiento.

Esa propia normativa impondrá sanciones muy duras a los altos cargos que incumplan, obstaculicen o se retrasen en la aportación de los documentos que la ley recoge o que soliciten los ciudadanos. Los castigos irán desde multas económicas hasta la destitución del cargo, en los casos más extremos.