Uno de cada cinco euros de la economía cántabra escapa al control de Hacienda

La lucha contra la economía sumergida es uno de los asuntos recurrentes de la Agencia Tributaria en sus balances, pero aún es mucho el dinero que escapa a su control. En Cantabria, por ejemplo, más de 2.674 millones anuales (el 22% del PIB total de la región en 2013). En comparación con el resto de comunidades autónomas -excluidas las que tienen régimen foral-, ocupa la segunda posición con menor volumen de dinero negro solo superada por Madrid (17,3%). Así se desprende de un informe elaborado por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en el que se considera «prioritario» un plan para reducir la economía sumergida en diez puntos. Solo con esta medida, los profesionales de Gestha estiman que la recaudación tributaria podría aumentar en 496 millones al año en Cantabria. En el conjunto de España, actuar contra el dinero opaco permitiría ingresar en las arcas públicas 3.399 millones euros extraordinarios.

Los técnicos de Hacienda también plantean un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que permitiría aumentar en 128 millones los ingresos en la región. Junto a ello, «una reorganización del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria» aportarían 74 millones y «un nuevo impuesto a la riqueza», 64 millones. El resto de alternativas (aumentar la restricción del sistema de módulos, limitar la participación de las Sicav a un máximo del 5% del capital social, elevar el tipo de la renta del ahorro a un mínimo del 24% y excluir las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro), añadirían 20 millones, lo que elevaría la recaudación anual en Cantabria en 782 millones.

Unanimidad

Sobre este asunto, el Parlamento cántabro aprobó ayer, por unanimidad, una iniciativa de Podemos, con una enmienda transaccional del PP, en la que se insta al Gobierno regional a ampliar el acuerdo entre el Estado y las Comunidades para unificar las bases de datos tributarios y no tributarios necesarios para la lucha contra el fraude fiscal, incluyendo los datos de las declaraciones sobre bienes y derechos en el extranjero y subvenciones.