![La Fundación Comillas recurre ante el Ministerio la devolución de 1,8 millones](https://s2.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/pre2017/multimedia/noticias/201606/08/media/cortadas/comillas-U106358357592r-U20539876749pyE-575x323@Diario%20Montanes-DiarioMontanes.jpg)
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Enrique Munárriz
Miércoles, 8 de junio 2016, 07:49
Una nueva batalla entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central está servida. La Fundación Comillas, organismo dependiente de la Consejería de Economía, presentó el lunes un recurso ante el Ministerio de Hacienda para evitar la devolución de 1,8 millones de euros de las subvenciones que recibió entre 2011 y 2012. La Intervención General había exigido el reintegro de esta cantidad para ese mismo día al entender que no se han cumplido los fines de la promoción y difusión del español para los que ese montante fue concedido.
Una decisión que provocará un agujero económico en este organismo, incapaz de hacer frente a este gasto inesperado, según reconoció a este periódico la pasada semana su director, Manuel Preciado. De hecho, la capacidad de generar recursos propios por la Fundación no superará este año los 500.000 euros derivados de su actividad de enseñanza, mientras que la aportación de fondos de dos patronos será de 600.000 euros. La tesorería de la que disponía la Fundación el pasado mes de enero era de 521.395 euros para atender pagos a corto-medio plazo.
Para salvar ese roto, la Consejería de Economía, dirigida por el socialista Juan José Sota, convocó ayer al Consejo Ejecutivo del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) para aprobar un operación de aval por valor de 1,8 millones -la cantidad reclamada- por si finalmente se rechaza su recurso y hay que hacer frente a la cantidad exigida de forma inmediata.
Los hechos se remontan al año 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un Real Decreto que garantizase la llegada anual de fondos para colaborar en las actividades de promoción del español de Comillas. Aquel primer año llegaron dos millones, igual que en 2011. Ya en 2012, con el PP en La Moncloa, sólo se ingresaron 500.000 euros en la cuenta de la Fundación debido a los problemas derivados de la complicada coyuntura económica del Gobierno Central. Fue el último dinero que se inyectó a través de este convenio. Después la partida desapareció por completo de los Presupuesto Generales de Estado.
Gastos
En noviembre de 2013, el Ministerio de Educación reclamó el reintegro de parte de esas subvenciones. En concreto, la mitad de lo recibido en 2011. Según explicó Preciado, todos los gastos estaban justificados con facturas y por partidas para actividades de promoción, educativas y generales, entre otras. Fue esta última, que incluía gastos de teléfonos y profesorado, la que dio problemas con Madrid. El Gobierno central consideró que era un dinero que no se destinaba a la actividad principal de la Fundación, es decir, a la promoción del español. En febrero de 2014, la Fundación presentó sus alegaciones explicando que «todo lo que se hace allí responde a un único objetivo y a una única actividad». Y tres meses después, el Ministerio le da la razón y sólo reclama 25.000 euros del millón que exigía antes. El caso se da por cerrado hasta un año después, cuando aparece la Intervención General.
Este organismo contradijo la decisión del Ministerio de Educación, reabrió el expediente y, con los mismos argumentos, exigió no sólo el reintegro de un millón de euros de 2011, sino los 500.000 que Comillas ingresó del Estado en 2012. La Fundación desempolvó las alegaciones enviadas el año anterior, acompañada de un informe de auditoría. Pero la Administración central no ha esperado y hace menos de diez días exigió el pago de 1,5 millones más otros 300.000 euros en concepto de intereses de demora en un plazo que vencía el pasado lunes.
El recurso que ha presentado la Fundación Comillas permite ganar tiempo a la espera de que se aprovisionen los fondos del Gobierno regional. El consejero de Hacienda se refirió a que estas partidas son «vitales». De hecho, en 2015 se ingresaron en caja casi dos millones de euros procedentes del 1,5% de la contratación de obra pública reservada a fines culturales. Con ese dinero, y otro tanto del Gobierno regional, se terminó de rehabilitar los elementos artísticos del claustro que se derrumbó en 2012.
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Ana del Castillo
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