El vínculo del jefe Antifraude de Cataluña con Cayón

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso Laso, en la palestra pública después de trascender en los últimos días una grabación con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tiene raíces familiares en Santa María de Cayón, de donde era oriunda su madre, 'Minita' Laso, quien regentó durante muchos años en su juventud una carnicería en la localidad de Sarón. Los Laso son una conocida familia de ganaderos y carniceros del valle.

Sus padres fueron los únicos de la familia Laso que se trasladaron a la capital de España. El resto vivieron en Santa María de Cayón y Maliaño, dos lugares en los que el magistrado sigue teniendo un buen número de parientes. Sus primos más conocidos tienen abiertas carnicerías en Sarón y en Santa María de Cayón, la capital del municipio. Su madre tenía dos hermanas y tres hermanos y la gran mayoría de los descendientes de todos ellos residen en Cantabria. Ayer, en su comparecencia en el Parlament, Daniel de Alfonso declaró ser «madrileño de nacimiento, catalán por convicción y magistrado de profesión». Pero el magistrado también es bien conocido en Cayón, donde pasó la gran mayoría de los veranos de su infancia y adolescencia. En la zona se le recuerda por su carácter abierto y su simpatía.

Antifraude desde 2011

Daniel de Alfonso tiene 51 años y se licenció en Derecho por la Universidad San Pablo CEU con matrícula de honor. Llegó a la dirección de la Oficina Antifraude de Cataluña en 2011, tras haber ejercido como magistrado en una sección penal de la Audiencia Provincial de Barcelona. En su elección pesó la formación en derecho penal económico y blanqueo de capitales que había ido adquiriendo a lo largo de su carrera.

De Alfonso Laso ingresó en la carrera judicial por oposición en 1989 y llegó a magistrado solo tres años después, en 1992. Ha sido miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, una de las cinco asociaciones profesionales de jueces más importantes.

Antes de saltar este conflicto a primera línea del debate político, el caso más mediático en que trabajó De Alfonso fue el juicio de la discoteca del Maremagnum de Barcelona, cuando presidió el tribunal que condenó a trece años de prisión a los dos porteros de discoteca y a un vigilante de seguridad por la muerte del joven ecuatoriano Wilson Pacheco, en 2002.