Acayro: "Lo que ha dicho el Tribunal Supremo lo resume todo"

Nunca antes el juez Acayro había realizado una valoración pública de un pronunciamiento judicial. Ni en los años en los que se erigió como azote de la corrupción en Castro Urdiales ni tampoco en la guerra judicial que ha mantenido con el constructor Jon Loroño. Pero en esta ocasión el magistrado se permite una sola frase para dar su opinión: «Lo que ha dicho el Tribunal Supremo lo resume todo», aseguró ayer Luis Acayro Sánchez cuando este periódico se puso en contacto con él para conocer su valoración de la sentencia del Alto Tribunal que ha anulado la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de un año y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación por revelación de secretos.

Acayro, que se incorporará en breve a su puesto como juez en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander plaza que ahora ocupa provisionalmente una juez de adscripción territorial no va más allá, pero se apoya en el contenido de la sentencia del Supremo que corrobora que actuó de forma correcta, ya que mantiene que remitir los antecedentes penales del constructor fue condenado años atrás por colaborar con ETA al Poder Judicial no fue ningún delito, en contra del criterio del Tribunal Superior. El pasado mes de diciembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC condenó al juez al considerar que sí cometió ese delito de revelación de secretos al pedir esos antecedentes penales para defenderse de una denuncia que el empresario castreño había presentado contra él ante el Consejo General del Poder Judicial.

Como publicó ayer este periódico, la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, indica que el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial admite la cesión de datos para fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y en ambos casos, subraya la resolución, su cesión al CGPJ «está autorizada» cuando este órgano actúa en el ejercicio de sus funciones de inspección y control o en el ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas.

No hubo delito

Por eso, concluye que «ni el juez que solicitó el certificado, ni la Letrada de la Administración de Justicia que accedió con sus claves al Registro Central de Penados ni, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, que había incoado una información previa a través del Servicio de Inspección, pueden considerarse actores de una ilegítima injerencia en el derecho a la autodeterminación informativa que proclama el artículo 18.4 de la CE y que tutela penalmente el artículo 197.2 del Código Penal».

Para el Tribunal Supremo, los hechos imputados al acusado carecen de relieve penal y la nula afectación del bien jurídico protegido por el artículo 197.2 del Código Penal la autodeterminación informativa y no la intimidad es otra de las razones para concluir que no hay delito.

Loroño, sorprendido

«Me sorprende mucho esta última resolución». Así empieza la nota de prensa que el constructor Jon Loroño remitió ayer a este periódico después de conocer que el Tribunal Supremo ha anulado la condena al juez Acayro por revelación de secretos, enmendando la plana al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Y es que Loroño se pregunta «si todos los que han venido señalando que el juez Acayro ha cometido un delito estaban equivocados, no han aplicado correctamente el derecho penal y se confundieron a la hora de condenar al juez».

En este sentido, cita a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a los jueces que componen dicha sala, a la Fiscalía del Tribunal Supremo, a los magistrados del Tribunal Supremo «que en su día dictaron el auto en el que recogieron que el señor Sánchez Lázaro podía haber cometido un delito de revelación de secretos» y al magistrado del Tribunal Supremo que ha emitido un voto particular.

El gerente de Promociones Paraíso cuestiona también si, por el contrario, «Sánchez Lázaro ha sido absuelto en una última resolución benévola a los efectos de evitarle padecer el resultado de una condena tan grave como es aprovechar su cargo para obtener información de un ciudadano y utilizarla en su contra cometiendo delito de revelación de secretos, hecho éste afirma Loroño que ha quedado acreditado en todo el proceso penal que yo he promovido».

«Juzguen ustedes y respóndanse a la pregunta que yo me hago», concluye la nota en la que no aclara si recurrirá la sentencia ante el Tribunal de Estrasburgo. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que no cabe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.