La Fundación Comillas reclama al Estado la financiación del convenio de 2010

El patronato de la Fundación Comillas ha acordado hoy iniciar el procedimiento para reclamar al Estado las cantidades incluidas en el convenio de financiación que firmó en 2010 con el Ministerio de Educación, un acuerdo que el Gobierno de España "rompió unilateralmente" en 2013.

Según el Gobierno regional la fundación reclamará 3,5 millones de euros de cuatro anualidades pendientes, las correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2012 y 2015 y que se cumpla el acuerdo hasta 2018. El Ejecutivo explica que el Gobierno de España rompió unilateralmente el convenio "al no existir dotación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado de 2013" y que tampoco transfirió a la Fundación Comillas la financiación prevista para 2012, que ascendía a 1,2 millones de euros.

Los 3,5 millones pendientes que reclamará son la suma de esa última cantidad y de la cuantía de las subvenciones que tendría que haber recibido en 213 (810.000 euros), 2014 (840.000) y 2015 (625.000), detalla. Además pedirá que se cumpla hasta 2018, su último año de vigencia, el convenio de financiación, que establecía que el Estado subvencionaría la actividad del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE) con 3,6 millones de euros en las tres anualidades restantes (2016, 2017 y 2018).

El patronato ha acordado solicitar un informe a los servicios jurídicos con el fin de analizar "las posibles vías para hacer efectiva esta reclamación ante el Gobierno de España". Una vez que esté redactado ese informe, la comisión delegada tomará una decisión sobre el procedimiento que finalmente seguirá el patronato de la Fundación Comillas para hacer su reclamación.

El CIESE, que tiene su sede en el antiguo seminario mayor de Comillas, nació como un centro con vocación de convertirse en una referencia internacional en la formación, la investigación, la difusión de la lengua y de la cultura españolas y fue una de las grandes apuestas del primer gobierno de coalición PRC-PSOE presidido por Miguel Ángel Revilla.

Antes de la firma del acuerdo plurianual de financiación, el Estado había destinado a este proyecto 10,5 millones de euros desde 2005.