Susana de la Sierra, nueva asesora del área contencioso administrativa del Supremo

La exdirectora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), la santanderina Susana de la Sierra, salta de las aulas a la judicatura para convertirse por un año en asesora del Tribunal Supremo, en el área contencioso-administrativa. El Consejo General del Poder Judicial ha fallado recientemente su nombramiento dentro del concurso para la provisión de plazas de letrado del Gabinete Técnico justo cuando se cumplen dos años de su dimisión como alto cargo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por sus discrepancias con CristóbalMontoro, titular de Hacienda y Administraciones Públicas, por el trato al mundo del celuloide.

Susana de la Sierra Morón, nacida el 5 de marzo de 1975 en Santander, es licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria, máster en Derecho Alemán y Comparado por la Universidad de Bayreuth, y doctora en Ciencias Jurídicas por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Experta en Derecho de la cultura y su fiscalidad, sobre todo en el cine, profesora titular de Derecho Administrativo y directora del Centro de Estudios Europeos en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo), también ha sido profesora invitada en las universidades de Oxford y Columbia, Nueva York (beca Fulbright), donde completó su investigación sobre la regulación de la cinematografía en el Derecho comparado. Cuenta con más de cuarenta publicaciones en diversos idiomas. Habla con fluidez alemán, francés, inglés e italiano, y ha realizado estudios avanzados de ruso.

La también hija del consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), tuvo que lidiar durante los dos años que estuvo al frente del Instituto del Cine, de la mano del también santanderino José María Lassalle, entre los recortes que promulgaban los Ministerios de Cultura y Hacienda y las reivindicaciones del mundo de la cultura, y más concretamente el cine, sobre las ayudas al sector para su sostenibilidad.

Después de dejar el Ministerio regresó a su plaza en la Universidad de Castilla La Mancha, donde constituyó junto a otros investigadores un grupo de I+D sobre Comunicación Pública: Poder, Derecho y Mensaje (ComPublic) y desde finales de 2015 colabora en el proyecto Agenda Pública.