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Violeta Santiago
Miércoles, 27 de julio 2016, 07:40
En Revilla de Camargo, por El Carmen, se juntan dos tipos de celebrantes. Por un lado van los religiosos y, por otro, los que cargan con unos litros de alcohol o con cualquier otra sustancia. Estos últimos ni se acercan a la parroquia llena de velas encendidas. Se reúnen en la iglesia de San Miguel de la Calva (a pocos metros) o en el aparcamiento del pabellón deportivo, donde una fiesta pagana sirve de bautismo en los usos de los primeros tragos a muchos adolescentes. Este año, una vez más, la cita fue multitudinaria.
Pero no hay por qué colgarle el sambenito sólo a Camargo. También han visto muchedumbres bebiendo en rincones callejeros en Laredo por la Fiesta Ye-Yé del pasado fin de semana o en Comillas por El Cristo. Y tienen sobrada experiencia en tropeles en Noja los martes y sábados de todo el verano y los miércoles en Suances. Selaya y Torrelavega tampoco se librarán del fragor del grupo socializando en torno a una bolsa del súper allá por el 15 de agosto, por mencionar solo algunos de los botellones estivales más conocidos ante los cuales una decena de responsables municipales se declaran impotentes.
servicios sociales de santander
El botellón «es una realidad con la que hay que convivir, pero no por ello hay que facilitarlo», opina Pilar Quintana, jefa de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander. Esta institución, como otras de la región, tiene en marcha varias líneas de prevención de conductas de riesgo todo el año para educar en valores. Un ejemplo es Sábados tarde, donde se transmite a los chicos que existen «infinitas posibilidades de ocio que no pasan por el alcohol ni las drogas». Las campañas «deben ser permanentes porque los mensajes van calando». En Santander, la asignatura pendiente «es llegar a las familias que ni siquiera se acercan» a este tipo de oferta, que «suelen ser las que más lo necesitarían». La experta opina que «no existe una solución mágica» contra el botellón, que «no es fácil de atajar porque se hace en unas edades en que es una fase experimental de la vida tienen que hacerlo para darse cuenta de que ese ocio no es el que quieren».
«Son inevitables», repiten en un Consistorio tras otro. Como mucho, la autoridad local aspira a paliar los efectos de ruidos y suciedad que llevan consigo y a establecer vigilancia «para que no haya desmadres excesivos» y evitar, así, que los vecinos más cercanos a un foco se alteren de más. Lo único que acaban ambicionando «es que no pase nada grave». Porque las policías municipales deben hacer cumplir las ordenanzas contra el consumo de alcohol en la vía pública pero, a la hora de la verdad, carecen de medios para atajar las avalanchas y su capacidad coercitiva «no llega muy allá». En todas las poblaciones consultadas ya han asumido que una fiesta de renombre arrastra jóvenes con sus propias reglas.
Hay denuncias, claro, aunque es difícil que lleguen hasta el final por la vía judicial. Sobre todo si se trata de menores, ya que hay mil detalles que demostrar y el proceso no le suele merecer la pena a nadie. Por supuesto, hay multas. En Santander, si te pillan haciendo botellón y eres mayor de edad, te caen 60 euros. A los padres de los menores les sancionan con 30 euros. Hasta el 5 de julio, la Policía Local de la capital había abierto 452 expedientes de este tipo (no necesariamente ligados a fiestas concretas). En Camargo prefieren sancionar en forma de trabajos en beneficio de la comunidad y este año ya se llevan registrados 70 casos. «Se busca priorizar el aspecto integrador», explica la alcaldesa Esther Bolado.
En general, antes de todos los festejos importantes de la región se convocan Juntas Locales de Seguridad en las que autoridades, mandos de la Guardia Civil y Policía Local planifican el tráfico, controles para desanimar consumos ilegales y protocolos para casos concretos. Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos queda al albur de la «buena suerte», de que no se organice una pelea o no se registre un número vergonzoso de comas etílicos, como ocurrió en años pasados en poblaciones concretas. A ninguno le interesa la mala fama.
Algún municipio, como Selaya, queda «en manos» del dispositivo que disponga la Guardia Civil, porque carece de Policía Local, especifica su alcalde, Cándido Cobo. «Los Ayuntamientos pequeños no tenemos recursos propios para esto. Es la Guardia Civil la que ejerce una vigilancia absoluta», señala.
«Control imposible»
Un policía que no quiere ser identificado, y que ha visto partes interminables de incidencias con numerosas identificaciones por borrachera en su zona, mantiene que «el que quiere beber a tope, lo va a hacer. Y para nosotros, el control es imposible. ¿Coges a un chaval cuando alrededor hay otros 199 haciendo lo mismo? No parece muy justo». En el día a día, cuando este agente descubre a un grupo concentrado que no monta mucha bulla y que no lleva consigo cantidades industriales de botellas, «les aconsejo que se vayan a donde no se les vea. Esto no se va a erradicar. Es una costumbre arraigada».
Opina igual la concejala de Medio Ambiente de Laredo, Rosalina López, a quien le parece hipócrita marcar sólo a los jóvenes, «porque los adultos, cuando salimos a tomar un vino, preferimos la calle. Y eso es beber en la vía pública». López, que reconoce que en Laredo hay días puntuales del verano en que están «desbordados», pide «concienciación» a los padres. «Todo es un problema de educación», reflexiona. Y se refiere a la educación «de casa, no a la del colegio». A ella la Policía Local le cuenta que, en muchas ocasiones, cuando llaman a una familia por un problema con un hijo «los padres se ponen como fieras y faltan al respeto a los agentes. Es increíble». Otros concejales cuentan historias parecidas que no dejan a las familias en muy buen lugar.
Esta edil da por perdida la pelea contra el botellón «porque es una moda», pero le preocupan los efectos secundarios: el follón, los vidrios y los plásticos. «Después de la Fiesta Ye-Yé por algunos sitios de Laredo parecía que había pasado el Séptimo de Caballería». Como la gente se va moviendo, ella sería partidaria de fija un sitio concreto, algo que ya se ha tratado en la corporación.
Las molestias a los vecinos generan resquemor a los concejales de Santoña (José Ramón Fernández) y Noja (Enrique Viadero). El primero cuenta que en Santoña «el verano no es demasiado problemático». Allí, para eso, «ya tenemos los Carnavales», aunque la experiencia es tanta que acaban sumando 70 agentes de todas las fuerzas de seguridad en los días que se estiman más conflictivos. «La Guardia Civil lo retira todo: alcohol, otras sustancias, armas blancas... todo». En julio y agosto, en Santoña se atajan los «desmadres de raíz. En cuanto los detectamos va la Policía Local a desalojar. Si hay actos vandálicos y desperfectos, se abren diligencias y hay que pagar».
El segundo no entiende el hábito de poner la música «a todo volumen en los coches» y los maleteros abiertos para acompañar el botellón. Viadero apunta a la zona de la playa de Ris como la preferida de la gente y agrega con cierto asombro que son «muchos los padres que llevan hasta allí a sus hijos». Asegura que en Noja no se dan demasiados casos de embriaguez grave a lo largo de la temporada y que se ha hablado con el sector hostelero «a ver si consiguen atraer a los jóvenes con actividades y no solo con copas». Igual que otros ediles, Viadero tiene claro que el botellón «no es exclusivo de los adolescentes».
Contra los residuos de cristales y los plásticos, en Torrelavega han optado «por ser prácticos» y, en la zona del Auditórium del parque Barquín, donde el año pasado se montó una macroquedada digna de pasar a la historia, han instalado contenedores de basura, « a ver si por lo menos no lo tiran todo al suelo», refiere el concejal Pedro Pérez Noriega, consciente de que, por las fiestas de la Virgen Grande, se repetirán las escenas de otros años. «Estamos muy encima de la venta de alcohol a menores y hay sanciones todas las semanas, pero acabar con esto es realmente complejo». Porque los jóvenes «son capaces de movilizarse con rapidez» y las medidas represoras cuando ya se han concentrado «son imposibles. Serían perjudiciales».
«Preocupa y ocupa»
Pérez Noriega explica que el asunto «preocupa y ocupa» en el Consistorio. «Actuamos en la medida de nuestras posibilidades: hay canales de diálogo con los hosteleros y presión de las familias. Estamos en ello».
Lo mismo que en Comillas, donde hay «cuatro sábados puntuales» del verano en los que es «complicado controlar» el asunto, reconoce la concejala Vanessa Sánchez. En Comillas ofrecen ocio alternativo y, sobre todo, intentan que las reuniones de jóvenes no se produzcan en el casco antiguo. Sánchez dice que en invierno está todo más vigilado. «Ahora es imposible. Hay mucha gente de fuera».
En Bezana parecen haber funcionado las medidas disuasorias que se pusieron en marcha el pasado San Juan, una fiesta que, según Pablo Zuloaga, el alcalde, «ha ganado ahora que está mucho más organizada». Zuloaga recuerda que hace años, se podían juntar en la playa de San Juan de la Canal entre 8.000 y 10.000 personas. «Pero hemos trabajado mucho pensando soluciones. Por ejemplo, poniendo autobuses para que la gente no use el coche y limitando los accesos». Este junio, estima que las hogueras habrán reunido a unas 4.000 personas, «una cifra mucho más razonable para evitar que las cosas se nos vayan de las manos». Fuera de esta cita, el regidor cree que Bezana no tiene un problema de consumo de alcohol en las calles. Habla de apenas «cinco o seis expedientes por este motivo en un ejercicio».
Muy lejos de los números de Suances, donde la máxima autoridad local, Andrés Ruiz Moya, cifra en 250 las sanciones que se imponen al cabo del año por consumo de bebidas en la vía pública. Ruiz Moya afirma que los miércoles de Suances «ya no son la sombra de lo que eran». Y aun así, «hay momentos, como la fiesta ibicenca» (de finales de junio) que son «problemáticos» por mucho que los asistentes sepan que hay Guardia Civil con controles de tráfico y Policía Local de ronda con la orden de sancionar.
En Suances calculan que, de los 2.500-3.000 jóvenes que llegan a la localidad un miércoles, el 10% «son menores», algo sobre lo que el alcalde sentencia: «las tres de la mañana no son horas para que un menor ande por ahí».
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