«Estos autos generan otra vez miedo y angustia a las familias»

Tan solo una semana después de que más de doscientos afectados por las sentencias de derribo se echaran a la calle en Santander para reclamar soluciones, sufren una nueva sacudida judicial que ha reavivado la «situación de angustia y miedo» en las familias.

Antonio Vilela, portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), reconoce que muchos de los afectados de Argoños le han llamado preocupados por los autos judiciales de la Sala que aceleran los procesos de demolición. «Los vecinos están totalmente alarmados porque no sabían ni lo que era. Estamos muy cansados, hace cuatro días que hemos tenido la marcha a Santander, donde los representantes de todas las instituciones hicieron muchas promesas, pero realmente las soluciones no aparecen», se lamenta Vilela.

El portavoz de los afectados sostiene que «si se hubieran cumplido los planes del Gobierno, ya tendrían que estar legalizadas 448 viviendas. Pero la realidad es que los planes urbanísticos que las legalizan están sin aprobar definitivamente. Lo que nos llega a los propietarios no son soluciones, sino autos y resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria requiriendo el derribo de las casas».

La situación es «tremendamente injusta» para los afectados, sobre todo porque «tanto el Gobierno como los jueces saben que se trata de viviendas en suelo consolidado que, si se tiran, se va a volver a construir en el mismo sitio».

En este sentido, Vilela recuerda que los planes generales que se han aprobado inicialmente, como el de Argoños, contemplan la regularización de las urbanizaciones con sentencia de derribo, por eso «no comprendemos cómo las instituciones no han puesto a disposición de los jueces esos instrumentos para evitar que se produzca el daño gratuito y tan profundo que se está causando a las familias».

AMA responsabiliza de la situación en la misma medida al Gobierno y a los ayuntamientos. Vilela recuerda, por ejemplo, que el de Argoños «dice que depende del PORNde las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel que tiene que redactar el Gobierno para aprobar definitivamente su Plan General». Por eso, la asociación impele a ambas administraciones, la autonómica y la municipal, a «trabajar, cooperar y llevar las soluciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo», y evitar «seguir prometiendo cosas que luego no se cumplen». Y es que los Ayuntamientos afectados por los derribos (Piélagos, Escalante, Argoños, Arnuero y Miengo) tienen que presentar los nuevos instrumentos urbanísticos que salvan las edificaciones ante el tribunal, de manera que sean los jueces los que den la luz verde definitiva.