Intervención rechaza las alegaciones y confirma las irregularidades de los exdirectivos de Mare

El texto inicial, hecho público el pasado mes de abril, revelaba un cúmulo de deficiencias e irregularidades en los contratos adjudicados por la sociedad pública en 2013 y 2014, cuando el ahora senador Javier Fernández (PP) presidía el Consejo de Administración de Mare en su calidad de consejero de Medio Ambiente, y Antonino Zabala ocupaba la dirección general.

Ese estudio previo puso en solfa el sistema de contratación de la empresa pública dedicada a la gestión de residuos y ciclo del agua, al dejar al descubierto deficiencias serias en los instrumentos de contratación, malas prácticas en múltiples procedimientos y una pésima gestión generalizada por parte de quienes estuvieron al frente de la sociedad en los últimos años del Gobierno popular.

A pesar del carácter provisional de las conclusiones, algunas formaciones políticas, como Podemos, exigieron poner el asunto en manos de la justicia.

Pero el Gobierno de PRC-PSOE, aunque convencido de que las irregularidades descubiertas tienen alcance penal, vinculó la judicialización del caso Mare a lo que digan los letrados de la Administración.

La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos no tuvo empacho en decir cuando presentó la auditoría que por actuaciones similares habían sido «condenados e inhabilitados» algunos alcaldes, si bien dejó en manos de los servicios jurídicos del Gobierno cualquier decisión al respecto, que no se han pronunciado porque no han recibido ninguna encomienda.

El principal afectado de los señalados con el dedo, el senador Javier Fernández, reconoció entonces que en Mare pudo haber «errores» e «irregularidades», que atribuyó a los técnicos de la empresa pública porque «nunca» pusieron reparos a las decisiones tomadas, pero «jamás» ilegalidades, y defendió palmo a palmo su actuación y la de su hombre de confianza en la sociedad, Antonio Zabala.

Pero la verdadera defensa de su gestión en la empresa de residuos llegó por escrito, en el trámite de alegaciones, en el que tanto Fernández como Zabala discrepan de forma detallada y minuciosa de los resultados y conclusiones que la Intervención General reflejó en el informe provisional.

Sin embargo, de nada han servido los argumentos que el exconsejero expuso en 106 páginas, ni los del exdirector general de Mare, los más abultados (372 páginas), porque el órgano de control del Gobierno no se ha movido ni un ápice de lo dicho al estimar que los exdirigentes de Mare «no han aportado elementos de prueba suficientes que contradigan» el documento provisional. De este modo, la Intervención General ha ratificado la auditoría en los mismos términos, que adquiere así carácter definitivo.

El Gobierno remitió ayer el texto íntegro al Registro del Parlamento. Si se cumplen las previsiones, tanto el senador del PP Javier Fernández como la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, comparecerán en el Parlamento para dar su visión sobre las conclusiones de la auditoría. El primero lo hará a petición del Grupo Parlamentario Popular, que canalizó la solicitud del propio Fernández de acudir a la Cámara para defender su gestión en Mare, mientras que Díaz Tezanos lo hará a requerimiento de Podemos.

Irregularidades

La auditoría desveló la adjudicación a dedo de contratos importantes, cuyo presupuesto superaba los 100.000 euros, incumpliendo los principios de publicidad y transparencia que exige la Ley de Contratos del Sector Público, el fraccionamiento de contratos para eludir las exigencias legales y la modificación y prórroga de otros, adjudicados sin autorización del órgano competente, entre otras irregularidades.

De acuerdo con la auditoría, entre 2013 y 2014 Mare adjudicó 64 contratos mayores, la mayor parte por los procedimientos restringido (un 39%), abierto (26,5%) y directamente (un 16,63%).

En estos últimos se han incumplido todos los principios contractuales a los que está sujeta la entidad (publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación). La auditoría constata también que Mare realizó pedidos, de manera directa y sin concurrencia como si fueran un contrato menor cuando, por su importe, se trataba de contratos mayores.

Otro de los reparos que realizó la Intervención es la utilización del procedimiento de emergencia para dar contratos a dedo, sin tener competencias legales para ello.

Los exresponsables de la empresa pública discreparon y defendieron qu las empresas del sector público sí pueden acudir a este procedimiento. Pero en su respuesta el equipo auditor recuerda que sigue el mismo criterio que el Tribunal de Cuentas.

Fernández y Zabala cuestionaron la auditoría porque «se trata de opiniones que no contravienen el ordenamiento jurídico sino que se trata de cuestiones de oportunidad o mejora». En este sentido, el equipo auditor destaca que el informe no recoge «incumplimientos legales sino debilidades en la estructura orgánica interna» de los órganos de contratación.

Además, los exdirectivos desacreditaron el contenido del documento con el argumento de que ni Tribunal de Cuentas, ni otros órganos de control interno del Gobierno, como el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)y la Dirección General de Presupuestos y Tesorería, han puesto de manifiesto irregularidades en Mare. Los auditores subrayan en este sentido que el alcance de los controles que aquellos realizan es distinto.