El Gobierno quiere llevar ocho leyes al Parlamento antes de que acabe el año

«Hasta ahora no se ha hecho nada», reconoce un diputado cántabro cuando hace balance de las leyes aprobadas durante el primer año de legislatura. Aparte del Presupuesto, una modificación para sancionar espectáculos ilegales y la creación de un puñado de colegios profesionales, no hay más que añadir a la cuenta del bipartito. Pero el segundo curso de su regreso al Gobierno se prevé más intenso en el Parlamento. Después de casi tres meses sin que los diputados pisen el hemiciclo desde el debate del estado de la región, a finales de junio, hasta el pleno del próximo 19 de septiembre, el otoño llegará de la mano de un maratón de leyes que el Ejecutivo espera aprobar antes de que finalice el año. Ocho en total, la mayoría de ellas (5) promovidas por la Consejería de Presidencia y Justicia. A eso habrá que sumar la reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos y la comisión de investigación de Nestor Martín, otros dos de los puntos calientes de esta nueva etapa parlamentaria que se pondrán en marcha cuando acabe el verano.

La primera ley en la línea de salida es la de espectáculos, que cubrirá una demanda histórica del sector de la hostelería. De hecho, Cantabria es la única comunidad autónoma que no ha modernizado todavía el decreto de 1982 que rige las actuaciones en directo. Esta normativa obliga a los locales a solicitar un «permiso excepcional» cada vez que quieran ofrecer una actuación en directo, ya sea un concierto, una obra de teatro o un monólogo. Esas pautas, consideradas ahora obsoletas por todos los agentes sociales, culturales y políticos, son las que centrarán los cambios que pretende introducir el Ejecutivo cántabro.

Más margen

El espíritu de la nueva norma será dar un margen más amplio a los bares para que puedan programar actuaciones en directo con tiempo, sin la necesidad de pedir un permiso cada vez que el empresario quiera ofrecer un concierto en su establecimiento. Y, al mismo tiempo, intentará compatibilizarlo con el derecho al descanso de los vecinos. No en vano, este vacío legal ha provocado múltiples confrontaciones entre las dos partes.

A falta de un informe de la Dirección General de Seguridad, todo el trabajo de confección de la ley ya está hecho y el Gobierno la registrará en el Parlamento este mismo mes.

El consejero Rafael de la Sierra llevará inmediatamente después una segunda normativa, la que regulará la Transparencia de la Administración y los cargos públicos regionales. El documento ya cuenta con el visto bueno de los Servicios Jurídicos y está a la espera de recibir luz verde de la Agencia de Protección de Datos.

Salarios y viajes

Una de las novedades más mediáticas que incorporará la normativa será la obligación de publicar las remuneraciones de los gestores públicos, incluidos los viajes que realicen en el desarrollo del cargo. Un documento de 48 artículos que va más allá de los mínimos marcados por la normativa nacional, aprobada en 2013, e impondrá sanciones muy duras a los altos cargos que incumplan, obstaculicen o se retrasen en la aportación de los documentos que la ley recoge o que soliciten los ciudadanos. Los castigos irán desde multas económicas hasta la destitución del cargo, en los casos más extremos. Además, obligará a las entidades públicas a revelar los saldos de sus cuentas bancarias regularmente e impondrá exigencias no sólo a la Administración y a su entramado de empresas, sino también a las que cuenten con un 50% de participación pública o las que reciban subvenciones o ayudas superiores a 25.000 euros.

El Gobierno también está a la espera de un informe del Consejo General del Poder Judicial para adaptar la normativa sobre Mediación en conflictos judiciales a la legislación nacional. Entre otras cosas, permitirá ejercer la función de mediador sin pertenecer a un colegio o asociación profesional, como era obligatorio hasta ahora.

Otro de los documentos que están a la espera de un informe ajeno, en este caso de la Dirección Jurídica, es el que equiparará la actividad de los perros de asistencia a personas discapacitadas con los animales guía para ciegos. El objetivo es que «puedan acceder sin problemas a edificios públicos y privados y a los servicios de transporte», explicó en su día el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra.

Más verde está el proyecto para recuperar el carácter público del 112. que, hasta ahora, funciona como sociedad anónima unipersonal, con la aportación que recibe del Gobierno como fuente de financiación única.

Tres normas más

Por el lado del ala socialista del Ejecutivo llegarán tres leyes para ser votadas en el Parlamento antes de que acabe el año. La de Igualdad, que básicamente es la misma que se redactó en 2011 y quedó en suspenso durante el mandato del PP; la de Discapacidad, pendiente de cerrar con el Cermi algunos de sus artículos; y la recuperación de los consejos de la Mujer y Juventud, cerrados por el anterior Gobierno popular y que la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, se comprometió a recuperar «en los primeros meses de 2016». Estos dos órganos reabrirán sus puertas con el mismo espíritu de participación que tenían en la anterior etapa del bipartito, según fuentes del Gobierno, pero no con la misma dotación presupuestaria. El de Juventud recibió una dotación presupuestaria de 156.000 euros hace cuatro años, mientras que el de la Mujer estuvo financiado con 60.000 euros.

La esperada normativa sobre Renta Básica se dejará ya para 2017, y tampoco llegará a tiempo para este año la nueva Ley del Suelo, una de las normas más importantes que llega con una legislatura de retraso. El PP ya preparó un articulado completo a comienzos de 2015, pero lo dejó sobre la mesa debido a la proximidad de las elecciones autonómicas. Tomando como base ese reglamento, que entre otras novedades reducía a la mitad las sanciones urbanísticas, el ala socialista del Gobierno ha preparado un documento de 400 artículos que algunos diputados creen «exagerado». La previsión del director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, es que el anteproyecto llegue a la Cámara en los próximos meses, con vistas a su votación definitiva en 2017.