Racing: una operación de riesgo

En todo caso, son muchos riesgos políticos y legales los que hay que correr para inyectarle un modesto millón de euros al año al Racing. Muchas dudas. No está muy claro si el Ejecutivo está dispuesto a jugársela para ayudar al club cuando se voten dentro de cuatro meses los Presupuestos de Cantabria para 2017 o se conforma con hacer el ademán en los prolegómenos de la temporada futbolística.

A los consejeros del Gobierno les llevaban los demonios cuando en los últimos días de junio, justo ante el Debate sobre el Estado de la Región, el Racing reclamaba de nuevo a todo volumen el convenio que hiciera posible la supervivencia del club. La reivindicación no podía ser más inoportuna en uno de los hitos estelares del curso político. Ayudar al Racing era un compromiso electoral de Miguel Ángel Revilla, pero destinar a un equipo profesional algo del escaso dinero público disponible en estos tiempos resulta siempre un asunto muy vidrioso, por más que esa haya sido la norma en los momentos de crisis del club a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Así que el Gobierno ha elegido agosto, la calma chicha del calor y las vacaciones, el fragor del debate político muy atenuado, para desatascar el convenio. Con algunos cambios sustanciales: de los diez millones que antes se manejaban, ahora sólo cuatro en cuatro años con fines promocionales o publicitarios, a través de un grupo empresarial intermediario (ITM) e integrado en los Presupuestos 2017, no como el acuerdo específico que antes se pretendía llevar al Parlamento.

El presidente del Racing, Manolo Higuera, elogió muy gráficamente las «pelotas» que había demostrado el Ejecutivo al aprobar el convenio. Y no le faltaba razón. El presidente Revilla, que durante meses había retrasado la operación a la espera de contar con la conformidad de los servicios jurídicos, finalmente había dado el paso. A su lado, todo el Consejo de Gobierno, que ha dado muy pocas explicaciones sobre el acuerdo y, por el momento, no ha exhibido ningún papelín de los letrados que avale la legalidad de la operación.

El Gobierno considera que el convenio, además de garantizar retornos positivos para Cantabria, está jurídicamente bien armado y que los riesgos son reducidos, aunque desde luego no puede descartar absolutamente que surjan complicaciones legales, desde el entorno político o desde cualquier colectivo que se sienta agraviado o sea contrario a las ayudas públicas al deporte profesional restringidas por la legislación.

Para demostrar el peligro, ahí están los precedentes de los exconsejeros Francisco Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE), investigados en el Parlamento, imputados en los tribunales y apartados de la política activa por su intervención en el caso Alí Syed. Por cierto, la resolución judicial que tiene en vilo a los interesados, y expectantes a sus partidos y a la clase política en general, no acaba de salir.

Ninguno de los consejeros del actual Gobierno quisiera verse en la tesitura de sus antecesores. Nadie quiere ser otro Marcano, era la explicación plausible de tanto tiempo mareando la perdiz con el convenio del Racing. Ahora todos comparten la apuesta: los regionalistas, siempre muy involucrados con los avatares del club, y los socialistas, siempre muy poco. No, al PSOE no le hace mucha gracia tirar de la caja pública para ayudar al Racing cuando le llegan quejas por las carencias en los consultorios o en la atención a la dependencia. Pero lo asume como un peaje ineludible a beneficio de la coalición con el PRC.

La oposición no sabe muy bien a qué atenerse sobre las intenciones del Ejecutivo, si de verdad se va a jugar los Presupuestos y afrontar la amenaza de los tribunales por ayudar al Racing o si el convenio es sólo un gesto ahora que va a empezar a rodar el balón y que luego ya verá cómo negocia la situación. Es un asunto de largo recorrido.

Para empezar, PP, Podemos y Ciudadanos han saludado con críticas contundentes el acuerdo. Pero principios aparte, al tiempo valoran que un millón de euros al año repartidos a escote en ocho consejerías no es una cantidad exorbitante en un presupuesto de 2.500 millones. Todos son conscientes de que retratarse sobre la financiación pública del equipo representativo en apuros, a favor o en contra, tiene su coste. Ese factor también lo ha tenido en cuenta el Gobierno al impulsar el convenio de ayuda al Racing que, una vez más, está generando un intenso debate ciudadano.