El Gobierno aún adeuda 1,3 millones a una empresa pública por el proyecto Moneo

Cuando se van a cumplir quince años desde que el Gobierno de Cantabria encargase al prestigioso arquitecto Rafael Moneo el diseño del edificio destinado a albergar la mayor parte de la Administración regional, que fue enterrado definitivamente la pasada legislatura por el PP, todavía sobrevuelan las deudas del proyecto. La Consejería de Presidencia tiene pendiente de liquidar 1,3 millones a una de sus empresas públicas en compensación por los trabajos realizados hace más de una década para su puesta en marcha.

El Gobierno de Cantabria, presidido la pasada legislatura por el popular Ignacio Diego, constató que la construcción del edificio, valorada en 55 millones de euros en la última estimación efectuada, era insostenible a corto o medio plazo. Así que inició los trámites para firmar la sentencia de muerte del inmueble, cuyo solar se usa ahora como aparcamiento.

En octubre de 2014 comenzaron todos los trámites para cerrar los flecos pendientes y el Ejecutivo se vio obligado a reconocer una deuda con la Coordinadora de Empresa Públicas (CEP) de 2,1 millones de euros en «concepto de indemnización», de los que 489.000 habían sido abonados a la Sociedad Gestora de Activos Inmobiliarios de Cantabria (Gesaicán) hace una década.

La operación se remató un año más tarde, el 10 de diciembre de 2015 (ya con el bipartito PRC-PSOE al frente del Gobierno) con la firma del acta liquidadora, en la que se acordó pagar la cantidad restante mediante una compensación plurianual.

El año pasado se abonaron 200.000 euros permutando unas deudas entre ambos. A día de hoy, quedan pendientes de abonar 1,3 millones, según apuntaron los responsables de ambos departamentos implicados, quienes lo califican como una «operación interna que acabará definitivamente con las cuestiones que quedaban abiertas».

Estos 1,3 millones de euros corresponden a la licitación del proyecto Moneo, el derribo de la antigua Diputación y el posterior acondicionamiento del solar, según confirmó Rafael de la Sierra. Aunque inicialmente estaba previsto que se finiquitase el asunto este año, desde la empresa pública aclararon que se ha dado un margen hasta 2018 para abonar los pagos pendientes.

Historia frustrada

Cambios de proyectos, cambios de Gobierno, peleas políticas, planes generales que no acaban de aprobarse y al final, la crisis económica. Casi quince años después del inicio de su tramitación, el proyecto Moneo es un aparcamiento para coches.

Por el camino, el boceto perdió tres plantas -pasó de diez a siete- y se redujo de 39.000 metros cuadrados a 28.000. Además, en el último «retoque», allá por 2008, perdió otros siete metros de altura de un invernadero acristalado ubicado en la azotea.

También ganó en años y lo que en un principio iba a estar listo para el 2003 después quedó fijado para 2009 y al final 'sine die' hasta que en 2011 se decidió que pasara a mejor vida. El presupuesto también se vio incrementado, desde los 30 millones de euros iniciales a los 55, la ultima cifra admitida durante el anterior bipartito.

La idea de dotar al Gobierno regional de una nueva sede que sustituyera a la vieja -del año 1937 y derribada en 2009- más moderna y funcional, surgió en la legislatura 1998-2003 presidida por el popular José Joaquín Martínez Sieso.

Se convocó un concurso de ideas y se seleccionaron siete arquitectos. En diciembre de 2001 fue elegido el edificio de Rafael Moneo. Este proyecto se acompañaba de una serie de iniciativas en el entorno relacionadas con la reordenación de calles adyacentes y la salida del túnel de Tetuán. La construcción llegó a salir a concurso, junto a la demolición de la sede antigua, por valor de 42,6 millones de euros, pero únicamente se ejecutó el derribo.