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Gonzalo Sellers
Viernes, 2 de septiembre 2016, 11:07
Miguel Ángel Revilla estrenaba ayer un polideportivo en Polanco mientras, a solo 15 kilómetros, echaba a andar por primera vez el teleférico de Cabárceno. Una instalación que ha costado 15 millones de euros, que ha protagonizado buena parte de la agenda política del primer ... año de legislatura y que está obligada a convertirse en un referente turístico de la región. Las ausencias del presidente cántabro y de sus socios socialistas en el Ejecutivo son el mejor termómetro para medir la aversión del Gobierno a la infraestructura pensada, diseñada y presupuestada por el PP en su anterior mandato. «No me gusta inaugurar cosas que son de otros», reconoció ayer mismo Revilla, aunque las reticencias no son sólo políticas. El capítulo económico es el que más reparos encuentra en Peña Herbosa. La concesionaria, la empresa mejicana ACCSA, cobra a Cantur siete euros por cada persona que entra en el parque, suba o no a la telecabina. Una obligación pactada por el expresidente Ignacio Diego que ha obligado a encarecer en cinco euros la entrada al recinto para poder asumir el gasto. «Un escándalo», en palabras del consejero de Turismo.
Fue Francisco Martín, precisamente, el que ayer tuvo que masticar en solitario el «sapo» de la inauguración del teleférico, como gráficamente lo describió nada más tomar posesión de su cargo el año pasado. Al consejero fichado por el PRC nunca le gustaron los dos proyectos inacabados que heredó del PP. El teleférico de Vega de Pas pudo tirarlo a la papelera sin consecuencias, pero tuvo que tragar con el de Cabárceno porque las obras ya estaban empezadas y, sobre todo, porque ya estaban todos los papeles firmados con la empresa mejicana. «Es mezclar Cabárceno con Eurodisney», denunció en agosto del año pasado para criticar el impacto de los seis kilómetros de cable en el recinto. Una impresión que ayer mismo compartió Revilla: «A mí no me gusta cargarse un parque que tenía su encanto con esas columnas allí, pero bueno, igual resulta que es interesante y tiene atracción».
«Estamos dando ejemplo al Partido Popular. Cuando ellos llegaron al Gobierno destruyeron todo lo que habíamos hecho antes. Nosotros hemos respetado este proyecto y hemos construido para ponerlo en marcha», declaró Martín.
Las nuevas cabinas permiten ver Cabárceno a vista de pájaro, a sesenta metros del suelo, con cuatro paradas en los recintos de los rinocerontes, elefantes, osos y el Mirador de Rubí, en las que los visitantes pueden bajar y subir tantas veces como quieran. Lo que en otro contexto se hubiera vendido como un hito turístico, ayer se convirtió en una de las inauguraciones más frías de los últimos años. Frente a la euforia de los empresarios mejicanos que desembarcaron en el parque, con recuerdo y dedicatoria a sus familias presentes incluidas, llamó la atención el lenguaje de los discursos del Gobierno. «Duro, esfuerzo y complicado» fueron las palabras más utilizadas por los directivos de Cantur. Hasta que le tocó el turno al consejero y lo superó.
Examen anual
Lejos de dulcificar su rechazo al teleférico, Martín no ocultó su oposición a una infraestructura que estará sometida al examen del Gobierno durante el próximo año. «Ha llegado el momento de probar su valía, aunque hoy no existe ningún motivo de alegría en el aspecto económico», criticó el consejero. No en vano, el Gobierno debe pagar cada año 2,8 millones de euros a la empresa mejicana. Para eso necesita que visiten el parque 400.000 personas que financien el 70% de ese desembolso. El 30% restante lo pondrá directamente Cantur, que por eso ha decidido subir de 25 a 30 euros las entradas. Una operación financiera a la que el Ejecutivo no le encuentra beneficios por ningún lado. «Lógicamente, no vamos a ganar dinero con esto, el éxito será evitar que Cantur se arruine», reconoció ayer Martín. Un objetivo que inquieta aún más si recordamos que el Gobierno inyectó cuatro millones en la empresa pública en septiembre del año pasado para evitar que entrara en quiebra.
El consejero concretó en tres los éxitos que debe conseguir el teleférico en el próximo año. El primero, de tipo técnico. En ese no mostró ninguna duda. «Más me vale porque voy a montar en la primera cabina», bromeó. Los técnicos de la instalación llevan cuatro meses probando su seguridad y estabilidad, cargando los vagones que pueden llevar hasta ocho personas con bidones de mil litros de agua.
La segunda prueba es la turística. Su presencia debe suponer una inyección de visitantes proporcional al esfuerzo que hace el Gobierno para mantenerla abierta. «Nos volcaremos en la promoción del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y en su nueva atracción, tanto a nivel nacional como internacional», prometió Martín. Precisamente, esta misma semana se pudo ver un ejemplo en la retransmisión de la etapa de la Vuelta a España que discurrió por Cantabria y que mostró imágenes de la nueva instalación.
Parece demasiada casualidad que las obras se hayan retrasado ocho meses y las pruebas de las cabinas hayan finalizado justo cuando ya han pasado los dos meses más fuertes de visitantes a Cabárceno. Desde el Gobierno niegan, sin embargo, que esto haya respondido a una estrategia y lo achacan a cuestiones técnicas y, sobre todo, de papeleo, de trámites administrativos que no se cerraron hasta esta misma semana. «Espero que esta nueva atracción venga a prolongar la temporada durante los meses de septiembre y octubre y se convierta en un aliciente adicional para atraer más visitantes a Cantabria y a Cabárceno», destacó Martín.
El reto ahora, dijo el consejero, es «aprovechar la puesta en funcionamiento de la telecabina como punto de arranque de una estrategia nueva en la forma de visitar el parque», en la que se compatibilice el uso del coche con otras formas más sostenibles, como autobuses lanzadera que acerquen a los visitantes a las estaciones de inicio.
Y el tercer obstáculo que debe superar el teleférico es el económico. «No estoy tan seguro que lo vaya a cumplir», insistió el consejero, quien no entiende que se tenga que pagar a la empresa se use o no la atracción. El principal punto de conflicto con los empresarios mejicanos que el Gobierno no ha podido evitar.
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