El Gobierno regional prepara una reforma fiscal "justa y equilibrada" para recaudar más

El consejero de Economía eligió ayer un escenario amigo, un curso de la Asociación Española de Asesores Fiscales, para anunciar una inmediata reforma fiscal "justa y equilibrada", según sus palabras, que aumente los ingresos vía impuestos de un Gobierno ahogado por los gastos y por los objetivos de estabilidad exigidos por el Ministerio de Hacienda. Juan José Sota tiene previsto incluir este plan en el Presupuesto del año que viene, aunque la minoría parlamentaria del bipartito obligará, de nuevo, a llegar a un acuerdo en las próximas semanas con otro partido que comparta esa urgencia por incrementar los tributos. Una medida que a Miguel Ángel Revilla nunca ha terminado de gustarle en esta legislatura. Ya cedió el curso pasado, cuando Podemos le impuso subir los tramos altos del IRPF a cambio de sus votos para aprobar las cuentas. Pero este año, antes de que Pedro Sánchez hiciera famoso el 'No, no, no' a Mariano Rajoy, el presidente cántabro ya utilizó la triple negación cuando le preguntaron, en febrero, si el Gobierno cántabro volvería a subir los impuestos.

"Partimos de la base de que somos conscientes de los esfuerzos y sacrificios de los ciudadanos, pero debemos cumplir con la disciplina presupuestaria que exigen las actuales circunstancias", explicó el consejero socialista, quien insistió en que la reforma fiscal será "eficiente y progresiva para salir de la incertidumbre económica y combatir las diferencias que se han instalado en la sociedad". Es decir, se trata de que no penalice a todos por igual, sino en función de los ingresos. O en otras palabras: que paguen más los que más tienen. El mismo mantra que se repitió el año pasado, cuando el partido de Pablo Iglesias obligó al bipartito a cambiar sus planes iniciales de no tocar ningún impuesto.

El plan, de momento, se encuentra en una fase muy inicial, aunque el calendario aprieta si el Gobierno, como así ha reconocido, quiere incluirlo en el Presupuesto de 2017. Según ha podido saber este periódico, Sota ya ha dado orden a la Agencia Tributaria para que comiencen los estudios y simulaciones sobre cómo repercutiría tocar los impuestos de competencia autonómica. La lista no es muy amplia. El tramo autonómico del IRPF, las transmisiones patrimoniales, los juegos, sucesiones y el canon de saneamiento son prácticamente todos los tributos en los que el Ejecutivo autonómico tiene potestad para meter la mano.

Decisión política

Aunque no depende de la Agencia Tributaria la elección de qué, cómo y cuánto se sube, existe cierta reticencia técnica a algunos cambios. Por ejemplo, insistir en el IRPF de las rentas altas, cuando ya se subió a las de más de 46.000 euros brutos anuales, no es la opción más aconsejable para algunos profesionales.

De hecho, Cantabria es la comunidad donde más IRPF pagan las rentas altas -más de 160.000 euros anuales-. También genera debate la recuperación del impuesto de sucesiones para herencias de padres a hijos o jugar con las tasas que pagan las empresas y que pueden suponer su salida de la región si encuentran una comunidad con menos ansia recaudadora.

En última instancia, se tratará de una decisión política. Será el Consejo de Gobierno -el presidente y sus consejeros- el que tenga que ratificar la reforma fiscal y convencer a Podemos, Ciudadanos o PP de que le den el visto bueno, incluyendo o no, alguna otra medida en las negociaciones del Presupuesto.

El consejero de Economía ya dejó caer en el Parlamento a comienzos de año su intención de elevar los ingresos a través de una subida de impuestos, pero con un modelo en el que las rentas medias y bajas no paguen ni un euro más. Una de las principales iniciativas, como recordó también ayer, se centrará en combatir el fraude, aunque los 19 millones de euros previstos en el Plan Económico y Financiero se antojan exagerados ante la previsión real de la Agencia Tributaria Cántabra: 2 millones.

Al PP este incremento de los tributos no le sorprende. Hace seis meses, Cristina Mazas, la antecesora de Sota en el cargo, ya anunció que el bipartito lo haría: "Cuando hay que hacer esfuerzos para corregir el déficit, la herramienta favorita de PRC y PSOE es aumentar los impuestos". Y sí que hay un problema de déficit. A la espera de que el ministro de Hacienda confirme si el objetivo será finalmente del 0,7% y no del 0,3%, el interventor del Ejecutivo autonómico ya avisó en junio de que Cantabria lo iba a tener muy complicado en cualquiera de los dos casos.

Medio año para pagar

Otros expertos también se postularon este año contra la fórmula de elevar la presión fiscal a los ciudadanos. El economista Daniel La Calle, que participó en el foro de El Diario Montañés, fue uno de ellos: "En Cantabria es una pena que tras una recuperación incipiente, la subida de impuestos para sostener el gasto corriente haya generado la salida de empresas, una reducción de inversiones y la ralentización de empleo. El incremento de tributos es letal para la economía, está haciendo que las empresas se deslocalicen, ya que tienen muy cerca regiones con un sistema fiscal más atractivo".

Un último dato. Sin haberse aprobado esta reforma todavía, los cántabros deben trabajar medio año para pagar sus impuestos. Sólo las nóminas de los últimos seis meses son para uso propio.