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Violeta Santiago
Domingo, 11 de septiembre 2016, 07:36
El anuncio de dimisión de la diputada socialista por Cantabria Puerto Gallego que renunciará a su acta la semana entrante al saberse investigada por el Tribunal Supremo por presunta prevaricación levantó ayer dos silencios significativos (el del PP y el de los miembros del aparato ... de su propio partido), dos reacciones de comprensión y apoyo por el paso dado (las de Ciudadanos y los regionalistas, socios de Gobierno en la comunidad) y un nuevo rifirrafe a golpe de comunicado entre Podemos y el PSOE. Podemos ve bien la decisión de Gallego, aunque aprovechó para arremeter contra el Partido Socialista por haberla mantenido en las instituciones, ante lo que el PSOE reaccionó con indignación.
prevaricación en santoña
La acusación de haber cometido prevaricación cuando era alcaldesa con mayoría absoluta en Santoña persigue a Puerto Gallego desde hace ya siete años y medio. El proceso del que acaba de hacerse cargo el Tribunal Supremo se inició en febrero de 2009 a raíz de la denuncia de Leoncio Calle Pila, entonces concejal del Movimiento Falangista de España, contra el equipo de gobierno socialista.
Calle Pila atribuyó a los concejales del PSOE haberse dedicado a fraccionar contratos para evitar sacarlos a concurso y, de esta forma, adjudicarlos a empresas amigas. Con el agravante de que en el periodo 2003-2009 (objeto de la denuncia) habrían hecho caso omiso a las continuas advertencias de ilegalidad formuladas por los interventores municipales.
La jueza de Santoña a la que llegó el caso abrió una investigación en la que requirió documentación, citó a testigos y llamó a declarar como imputados a los ocho ediles que acompañaban en la corporación a Puerto Gallego.
La magistrada creía ya en 2014 que existían «claros indicios» de la comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de la aforada. Según relató en un auto, en el periodo en el que Gallego fue alcaldesa se adjudicaron a las empresas Atys SL, Taesa 2000 SL, Arko SL y Limpiezas Veci determinados servicios «prescindiendo de concurso previo cuando se producía la superación de la cuantía para contratación menor (18.000 euros)».
Además «no se utilizaba procedimiento abierto», es decir, que la adjudicación se hacía a dedo, lo que vulnera la legislación en materia de contratación. La jueza advirtió también que no existían expedientes de contratación que amparasen las facturas que se sometían al pago.
Pero su actuación se paró cuando llegó hasta la exalcaldesa porque, en ese momento, ya era diputada nacional y solo el Tribunal Supremo era competente para llamarla a declarar como imputada.
La magistrada elevó el caso al Alto Tribunal, momento en el que se produjo un parón en el proceso, ya que cometió dos errores de tramitación que provocaron que se tuviera que repetir el envío. Más tarde, la Audiencia Provincial ratificó todos los pasos dados por el juzgado. Y ahora el Tribunal Supremo ha decidido seguir la investigación, para lo que ha designado instructor.
La exalcaldesa de Santoña se mantendrá en mutis público hasta que presente efectivamente la dimisión, adelantó José Guerrero, secretario de Acción Electoral y Programas del PSOE, quien señaló que ningún integrante de esta formación hablará sobre el caso hasta que la propia Gallego dé todas las explicaciones que considere pertinentes dentro de unos días. «Tiene mucho que decir, pero vamos a ser respetuosos con sus tiempos», pidió el portavoz.
Esto significa que ni la secretaria general del PSOE cántabro, Eva Díaz Tezanos, ni Ricardo Cortés, que tomará posesión como diputado en el Congreso de los Diputados en representación de Cantabria al correr la lista con normalidad, harán declaración alguna antes que la diputada. A Cortés, que ayer se negó a atender a El Diario Montañés, le va a llegar esta encomienda justo cuando estaba a punto de empezar a colaborar con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en cuestiones internacionales.
Los socialistas solo hicieron una excepción a su pacto de silencio. Emitieron un comunicado en el que afirman que Gallego ha actuado con corrección para, acto seguido, contestar a Podemos. La misma noche en que la exalcaldesa avanzó su intención, Podemos la calificó de «correcta», pero al tiempo criticó que el PSOE mantuviera a Gallego como cabeza de lista en los dos últimos procesos electorales con el objetivo de «dilatar el proceso consumiendo recursos judiciales en un caso que, de no existir la figura del aforado, ya estaría probablemente visto para sentencia y resuelto de forma más barata y eficaz». Esta idea fue recalcada ayer por Rosana Alonso, rival de Puerto Gallego en las urnas en los dos últimos comicios.
Desde Podemos también se dijo en la noche del viernes que la mancha para el PSOE «podría haber sido menor aunque no menos grave para Cantabria si no se hubiera empecinado en utilizar las instituciones como escudo para protegerla al más puro estilo valenciano», en referencia a Rita Barberá, colocada por el PP en el Senado para que pudiera gozar de los beneficios del aforamiento al conocerse la posible financiación ilegal del partido.
La comparación enojó al PSOE cántabro, que la tachó de «desafortunada». En esta formación solo la entienden desde «el rencor hacia el PSOE del actual secretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta», a quien se recordó su pasado como secretario de Juventudes Socialistas de Polanco, lo que «le empuja a soltar falsedades y demagogia a partes iguales desde Podemos sólo para resarcirse de su odio a los socialistas».
Silencio absoluto del PP
Al margen de esta nueva pelotera entre los dos partidos, ayer fue llamativa la reserva de que hizo gala el PP cántabro, desde el que se limitaron a un escueto «no haremos valoraciones» al serle solicitada su opinión. Cabe mencionar que el PP se sumó, en 2010, a la denuncia que inicialmente planteó por prevaricación un concejal de Santoña (Leoncio Calle Pila) del Movimiento Falangista hace ya siete años y medio. Por tanto, el PP es una de las organizaciones directamente responsable del proceso judicial que a partir de ahora encara Puerto Gallego ante el Tribunal Supremo.
«Coherencia»
Ni regionalistas ni Ciudadanos escurrieron el bulto. Desde el PRC, el portavoz del grupo parlamentario, Pedro Hernando, opinó que la decisión de Puerto Gallego «es un ejemplo de lo que deben hacer los políticos en su situación». Hernando, también santoñés, indicó que «partiendo del respeto a la presunción de inocencia a que tiene derecho la diputada, ella se había comprometido con los electores a renunciar si el Supremo la investigaba y, por eso, es destacable su coherencia».
El regionalista apuntó que el resto de partidos «deberían tomar ejemplo, porque esto es justo lo que demandan los ciudadanos: que los políticos seamos consecuentes con los compromisos que se adquieren», algo que, a sus ojos, Gallego ha cumplido de forma escrupulosa.
Félix Álvarez, diputado nacional de Ciudadanos por Cantabria, se manifestó en términos similares. «La Justicia tendrá que dilucidar si las acusaciones que se le han hecho son ciertas o no y, ante esto, respeto. Pero Ciudadanos «tiene claro que los códigos deontológicos son importantes en política» y, por tanto, Álvarez se mostró «totalmente de acuerdo» con el inmediato abandono de la diputada de su escaño.
El actor santanderino consideró, además, que a Puerto Gallego «le honra todavía más» haber dimitido «cuando ni siquiera se le ha abierto juicio oral».
PRC: «Es un ejemplo de lo que deben hacer los políticos en su caso»
Para los regionalistas, socios de gobierno del PSOE en el Gobierno cántabro, el paso dado por Puerto Galleo «es un ejemplo de lo que deben hacer los políticos en su situación». Así lo señaló Pedro Hernando, que remarcó que la diputada «ha cumplido su compromiso con los electores y con las demandas de los ciudadanos, que quieren gobernantes coherentes».
Podemos: «Debiera haber dimitido antes y no haberse aforado»
Para la parlamentaria Rosana Alonso, la dimisión de Puerto Gallego es «acertada, vista la situación», pero también entiende que la socialista «debería haber renunciado antes» y no haber llegado «a aprovechar el aforamiento» al que le da derecho su condición de diputada nacional, «porque se hubiera ahorrado muchos recursos a los españoles».
Ciudadanos: «La renuncia la honra porque ni siquiera se ha abierto juicio»
El diputado Félix Álvarez está «totalmente de acuerdo» con la decisión de Puerto Gallego. «Creo que la renuncia la honra, porque este es el camino a seguir cuando estás imputado. Todavía más la honra porque no se ha abierto juicio», y va a renunciar, «incluso antes de lo que dictan los códigos deontológicos» de los que Ciudadanos, recordó Álvarez, «hace bandera».
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